La causa judicial del atentado a la AMIA es, desde la foja 1, el más increíble muestrario de la actividad delictiva de funcionarios y personajes influyentes, encaminada a limpiar las huellas y las evidencias, y a construir una historia falsa para cerrar el expediente y dar una “explicación” a la sociedad. 23 años después, sólo dos cosas sabemos con certeza: que el 18 de julio de 1994 volaron la AMIA causando 85 muertos y centenares de heridos, y que desde los más altos estamentos del Estado se propició una actividad sistemática de encubrimiento de la mecánica de los hechos.
La pretendida “investigación”, promovió desde inicio un “desorden organizado”. Se tiraron sin control los restos de la explosión al borde del Río de la Plata; se omitió preservar la zona del desastre del ingreso de decenas de personas sin identificar; se perdieron pruebas; se plantaron pistas falsas; se borraron grabaciones telefónicas a sospechosos y se “extraviaron” las transcripciones obrantes tanto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como en la Policía Federal (algunas, realizadas a diplomáticos iraníes antes y después del atentado). Se quemaron cintas de filmaciones. Se suspendieron escuchas judiciales y allanamientos sin dar razón.
También se coaccionó a testigos para que callaran y a otros para que mintieran y, a uno de ellos, el entonces preso Carlos Telleldín, se le compró una declaración falsa por casi medio millón de dólares.
Todo ese coherente accionar no puede sino obedecer a una lógica superior, impuesta por necesidades ajenas a la verdad. Una verdad que puede resultar intolerable para el público, y a la vez afectar la diplomacia secreta de varios países.
fuera de los expedientes judiciales
Es por ello que los datos esenciales sobre la trama que hizo posible el atentado a la AMIA en 1994 (al igual que el precedente de 1992 a la Embajada de Israel y el de 1995 a la fábrica militar de Río Tercero), no están dentro de los expedientes judiciales. O por lo menos, no en su totalidad.
Las respuestas se encuentran en centenares de documentos existentes en fuentes públicas y privadas, del país y del exterior, que esperan una investigación independiente e incondicionada, sin importar qué intereses afecte. Y sin depender exclusivamente de sesgados e incomprobables informes de inteligencia, teñidos de condicionantes políticos.
Se persiste en tratar el atentado a la AMIA como un evento a-histórico, desconectado de lo que por aquellos años ocurría en nuestro país, y de los otros dos tremendos atentados perpetrados en los 90.
Lo cierto es que desde unos meses antes del atentado a la Embajada de Israel, en marzo de 1992, y hasta unos meses después del atentado contra la AMIA, en julio 1994, un gigantesco operativo clandestino de transferencia de armamento se desarrolló desde el puerto de Buenos Aires hacia los Balcanes, bajo directivas del gobierno de Carlos Menem. El presidente peronista, bajo una política de sumisión al gobierno norteamericano, realizaba el trabajo sucio que los Estados Unidos no podían hacer directamente: el contrabando de armas y explosivos para Croacia y los musulmanes bosnios apoyados por Irán.
(*) Abogado y escritor. Ex vocero de AMIA en un tramo del primer juicio por el atentado
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