BRASILIA.- El juez Sergio Moro negó ayer la primera apelación intentada por la defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción, según informaron fuentes judiciales.
En la acción negada por el magistrado, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas “omisiones” en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un departamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el ex mandatario.
Según la defensa, se presentaron ante el tribunal documentos que no fueron considerados por Moro, entre los cuales hay declaraciones certificadas de testigos que probarían que la verdadera dueña del inmueble sigue siendo la constructora.
JUSTIFICACION DE MORO
En la decisión divulgada ayer, Moro sostiene que “no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia”, que fue dictada en primera instancia y aún deberá ser analizada por un tribunal superior. También señaló que la defensa del ex presidente “no esclarece cuáles documentos o contratos estarían faltando en los autos” que llevaron a dictar la pena, por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Lula ha negado los cargos y proclama su inocencia casi a diario, como hizo ayer mismo en una entrevista con la radio Capital, de San Pablo, en la cual aseguró que demostrará en la segunda instancia la “equivocación” del juez Moro. El juez “se comporta como un zar, que hace lo que quiere, cuando quiere y sin respeto al derecho democrático o la Constitución”, lanzó el ex mandatario.
Las próximas apelaciones que presentará la defensa de Lula serán dirigidas a un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia. De ese segundo fallo -que podría demorar entre uno y dos años- dependerá una eventual candidatura presidencial de Lula en los comicios previstos para octubre de 2018, ya que si fuera ratificada la condena antes de comenzar el proceso electoral, la ley le impediría explícitamente postularse a cualquier cargo público. (EFE)
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