Que de cada cien edificios escolares existentes en La Plata, sólo uno resulte accesible para las personas con distintos tipos de discapacidad psicofísica constituye, por cierto, un dato muy duro y, a la vez, contrastante con los avances culturales que se han venido registrando en esta materia en las últimas décadas. Por otra parte, la situación se muestra especialmente irritante ya que afecta nada menos que a un servicio educativo, que siempre se caracterizó por su accesibilidad para todos.
Como se sabe, esta situación fue a la que llevó hace dos años a una ONG platense a realizar una demanda judicial contra el gobierno provincial, a raíz de que la mayoría de las escuelas de La Plata son inaccesibles para personas con discapacidad debido a las múltiples barreras físicas que presentan.
Esa presentación contó con el patrocinio del área de extensión de la facultad de Derecho de la UNLP llegó a buen puerto y ahora la Justicia, en consonancia con la ONG y la unidad académica deberán instrumentar los trabajos que deban realizarse progresivamente para adecuar los edificios escolares.
Tal como se precisó, de los poco más de 400 establecimientos educativos que funcionan en la Ciudad, entre jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, comunes y especiales, se relevaron 154 centros, es decir, más de un tercio del total.
De allí resultó que sólo el 1 por ciento de los edificios escolares es accesible y el 84 por ciento es inaccesible. Sobre el 15 por ciento restante no pudo determinarse la situación debido a que las autoridades de las escuelas, pese a que se contaba con un permiso firmado por la Inspectora Jefe Distrital de La Plata, se negaron a permitir el ingreso del personal afectado a la encuesta, se detalló en la demanda.
Cabe señalar que el decreto 1149 de 1990, que reglamenta ciertos artículos de la ley 10592/87, detalla hasta con centímetros y porcentajes cómo deben ser las puertas de ingreso a las escuelas, las rampas externas e internas, los sanitarios y el ascensor (tiene que haber uno por colegio), entre decenas de indicaciones, la mayoría de ellas incumplidas.
Es cierto que existen falencias en casi todos los otros campos. Los colectivos carecen de sistemas mecánicos que faciliten el ingreso, permanencia y egreso de quienes sufren desigualdades físicas; en muchos lugares públicos faltan ascensores; buena parte de los edificios gubernamentales o privados no disponen de rampas de ingreso y en general faltan señalizaciones y otras adecuaciones –inclusive culturales y de comportamiento- que allanen la vida de personas con desigualdades. Pero estas omisiones casi universales no eximen, en modo alguno, al ámbito educativo, para que ajuste su actividad y sus estructuras a lo que disponen las leyes.
Las necesidades de las personas con desigualdades físicas deben ser respetadas. Las normas que están vigentes deben hacerse cumplir, sin permitir que se conviertan en meros enunciados retóricos de buenas intenciones. Es muchísimo lo que falta hacer en este tema y, por ello, lo importante es que tanto los organismos públicos como el sector privado confluyan en el diseño de ciudades aptas y funcionales para todo, sea en las construcciones nuevas como en la readecuación de las existentes.
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