“Creció un sistema paralelo de transporte clandestino”

La Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (Celadi) advirtió esta semana que, pese a la fiscalización de vehículos en las terminales de pasajeros, viene creciendo desde hace años un circuito paralelo de combis y ómnibus que opera sin las autorizaciones correspondientes y que evade así todas las normas de seguridad.

“En los últimos años, fuera de las terminales creció un auténtico sistema paralelo e irregular de transporte de pasajeros”, aseguró Mario Verdaguer, presidente de la Celadi. Según la cámara, cerca de 4.200 ómnibus de larga distancia son fiscalizados a diario por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en las principales terminales de transporte del país. Sin embargo, el exhaustivo control “no se repite sobre los otros buses que circulan por fuera de ellas”, por lo que “cientos de ómnibus y combis de turismo u otras modalidades quedan exentas de control y ponen en riesgo la vida de miles de argentinos”, aseguró Verdaguer.

“Cientos de ómnibus y combis de turismo u otras modalidades quedan exentas de control y ponen en riesgo la vida de miles de argentinos”, aseguró Verdaguer

Por este motivo solicitó que se implementen “mayores y más eficaces controles en rutas, en los accesos a las grandes ciudades, en los peajes y particularmente en los lugares (fácilmente identificables) de arribo y partida de estos vehículos”.

A través de un informe titulado “Transporte irregular de larga distancia”, la Celadi distinguió la existencia de decenas de empresas que realizan servicios para los que no fueron autorizadas por fuera de las terminales, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, siempre a pocas cuadras de las terminales habilitadas.

“La nueva gestión de gobierno, Ministerio y Secretaría de Transporte, sumada la CNRT, reconocieron el problema y asumieron el compromiso de trabajar en la materia, aunque entendemos que lo realizado hasta el momento no ha arrojado resultados satisfactorios”, aseguró el informe.

El sistema de operación consiste en el pedido de una habilitación de turismo pero “terminan ofreciendo un servicio regular de larga distancia para el que no fueron habilitadas”, y tientan a los usuarios con boletos más económicos de entre un 30% y un 50% inferiores al trasporte legal.

Estas ventajas económicas son posibles gracias a “la informalidad laboral en la que mantienen a su personal, la monoconducción (un solo chofer o dos de origen a destino) y el incumplimiento de regulaciones de seguridad elementales (limitadores de velocidad, ABS, etc.) además de evasión impositiva”.

El último de los problemas marcados en el informe tiene lugar en el caso de un accidente, cuando por realizar “un servicio para que el no fueron autorizadas, las aseguradoras no responden por las consecuencias dejando desamparados a los usuarios que confiaron en ellas”.