Sobres: dos ex policías denunciaron amenazas de muerte

Dos de los ocho ex jefes policiales acusados de haber cobrado coimas, tras el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata, presentaron un hábeas corpus ante la justicia penal platense en el que solicitaron un traslado del lugar donde se hallan detenidos porque, según denunciaron, fueron amenazados de muerte en la cárcel.

En tal sentido voceros judiciales indicaron que los ex oficiales Ariel Huck y Raúl Frare, a través de sus letrados patrocinantes solicitaron que sean trasladados de Unidad la 9 a otros lugares de detención como medida de seguridad, ante las graves amenazas que recibieron, según se desprende de la presentación.

La cuestión es tratada por el Tribunal II de La Plata, de feria, a cargo de los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr, señalaron las fuentes consultadas.

También informaron que ayer se realizó una audiencia con el imputado Frare, a cargo de la jueza Torrisi; y que mañana se concertará una similar con Huck, a cargo del doctor Bernard. Luego de finalizada la audiencia se resolverá el hábeas corpus, explicaron los voceros.

Como se sabe, el 23 del mes pasado, la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia -a partir de un fallo de la Sala V de Casación que confirmó las denegatorias de las eximiciones de prisión- ordenó la detención de los ex policías Huck, Frare, Darío Camerini, Sebastián Cuenca, Rodolfo Carballo, Walter Skramowskyj, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.

Los ocho están imputados de los delitos de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión”, es decir una exacción hecha por un funcionario en provecho propio.

La causa se inició el primero de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la sede de la Jefatura Departamental de La Plata, 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo. Los investigadores sospechan que ese dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.

La mayoría de los sobres estaban rotulados con los nombres de las comisarías y los jefes policiales a los que iba dirigido el dinero. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.

La jueza Garmendia ordenó entonces la detención de nueve jefes policiales implicados, la cual fue confirmada luego por la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Sin embargo, el 24 de enero último, el Tribunal de Casación penal bonaerense excarceló a los ocho policías detenidos, en tanto el noveno, Federico Jurado, había sido hallado muerto ese mismo mes, en la celda donde estaba alojado en la Unidad 9. Esa resolución fue objetada por la Suprema Corte, que ordenó que otra sala de Casación resuelva la cuestión y que fue la que habilitó a Garmendia para ordenar nuevamente las detenciones.

Actualmente, trascendió, ninguno de los acusados percibe sus salarios por una resolución de la Auditoría de Asuntos Internos.