Cristina Raverta, la coordinadora general de Policía Científica, reconoce que en la morgue “hay cadáveres que todavía no se identificaron y que nadie reclamó”, que por lo general corresponden a indigentes o personas sin familia. “Cuando se presentan los familiares, el trámite es mucho más rápido”, completa la comisario mayor.
“Hay una cuestión administrativa en cuanto a la ley, que hace que para un cuerpo que nadie reclama actúe la morgue como denunciante, para labrar la defunción. De ahí se inicia el trámite en el Registro de las Personas y el fiscal de turno lo autoriza. Con la licencia de inhumación, se entierra el cadáver, avisando en dónde”, explica Grubisa, que se dedica a hacer autopsias desde hace 20 años.
En abril de 2013, la tragedia golpeó a la Región con la catástrofe de la inundación. Todos los cuerpos encontrados sin vida fueron conducidos a la morgue y sometidos a las respectivas autopsias. En aquel momento se sumaron médicos y otros profesionales de distintos lugares, en lo que para ellos fue un contexto desbordante de trabajo. Raverta asegura que por entonces “la mayoría fueron identificados”.
En 2014, el juez contencioso administrativo nº 1 de La Plata Luis Arias denunció irregularidades en cuanto al manejo de los cuerpos tras las inundaciones, y confirmó el número de 89 muertes por aquella tragedia, diferente a las 51 que se reconocieron oficialmente.
La tragedia “magnifica la situación” y la preparación de los empleados de esa dependencia se pone a prueba, reconoce Grubisa. Hugo Aristu, el superintendente de la Policía Científica, fue antes el jefe en Dolores. “Tuvimos un accidente en el que un tren chocó un micro de larga distancia y murieron más de 50 personas. Fue terrible y hubo que ampliar los recursos humanos para trabajar”, recuerda.
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