Fue inédito pero pasó. Un presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional sobre la contabilidad del gobernante Partido Popular en la época en la que, supuestamente, una trama de coimas por contratos ayudó a financiar a esa formación política.
Es la primera vez desde la Transición española a la democracia, hace cuatro décadas, que un jefe de Estado en pleno mandato comparece ante un tribunal.
Rajoy no está acusado de malas prácticas, pero la Corte lo citó a declarar porque fue vicesecretario general del partido hasta 2003 y secretario general hasta 2004, cuando supuestamente seguía funcionando la trama ilegal.
La semana pasada, la jueza argentina María Romilda Servini tomó una resolución novedosa: desaprobó todas las cuentas de campaña de los principales candidatos a presidente en 2015. Los informes de financiamiento electoral de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Sáa fueron rechazados al considerar que no justificaron el origen y destino de los millones invertidos en proselitismo. Así, Cambiemos, el Frente para la Victoria (FpV), UNA y Compromiso Federal tendrán sus fondos públicos suspendidos para invertir en esta campaña legislativa. Sin embargo, la medida dictada por Servini no podrá implementarse mientras el fallo no quede firme. Es decir, los partidos se quedarán con los fondos con una simple apelación al dictamen.
Y además, dado el funcionamiento de la Justicia en nuestro país, es casi imposible imaginar que alguno de los dirigentes nombrados vaya a ser citado por un tribunal para explicar qué pasó con los fondos de esa campaña. Sería la “Argentina año verde”, un país utópico donde todo funciona correctamente, como decía el gran Tato Bores en sus insuperables monólogos.
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