Una detallada nota publicada en este diario sobre el tema de la inseguridad vial dejó establecido que cada vez hay más micros y combis que circulan sin ningún tipo de control, en una situación que puede explicar el incremento de accidentes y del número de víctimas, ante la casi total ausencia de fiscalizaciones estatales.
Tal como se indicó, el siniestro del domingo anterior en Mendoza que dejó 15 muertos -la mayoría otra vez chicos- es ejemplo y evidencia de una realidad donde se combinan un sinfín de irregularidades pero cuya razón principal es siempre la misma: una ausencia del Estado.
Directivos de la asociación civil “Amor y Respeto al Prójimo” señalaron que, si bien existen responsabilidades compartidas entre la Nación, las provincias y los municipios, el máximo responsable de esta situación es el ministerio de Transporte, que es quien debe asegurar las condiciones operativas de las unidades. En términos similares se expresaron desde la desde la emblemática campaña Estrellas Amarillas: explicaron que Transporte de la Provincia entrega permisos provisorios que se renuevan cada tres años, pero es la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) la que habilita y se responsabiliza por el estado de las unidades. El problema, o el drama, es que en los últimos años los viajes se encarecieron y, de manera simultánea, se multiplicaron los servicios que ofrecen viajes por costos menores pero sin nadie que los controle.
A todo esto, desde la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público (CNVTP) se advirtió que el servicio de combis y micros clandestino que circula entre la capital federal y el Conurbano bonaerense se duplicó en los últimos dos años. En total, son unas 8.400 unidades que transportan a poco más de un millón de personas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires a la capital.
Entre muertos y heridos con secuelas irreparables dentro de estos vehículos ya hay casi 1.200, un número que asusta y es, por ejemplo, casi el doble que los 649 caídos en las Malvinas. La problemática de los truchos y la impunidad que generan es visible cuando uno va a Plaza Constitución, al Correo Central, a Once, al Puente Saavedra, al Luna Park, a Avenida de Mayo o a la Avenida Alem. Las principales paradas están en lugares céntricos, a la vista de todos y cada vez más a la par de los colectivos de línea, dijeron desde esa comisión.
Es incontrastable que desgracias como las ocurridas en estos días constituyen pruebas palmarias de que las distintas administraciones responsables deben actuar en forma enérgica, para corregir deficiencias u omisiones que suelen ser decisivas a la hora de encontrar las causas de estos dramas. Y que dejan en claro que la falencia mayor e indisculpable es la ausencia, desde hace demasiado tiempo, de una política vial integral.
Son múltiples los interrogantes sin despejar, que pueden extenderse, asimismo, hacia la eficacia o no de los controles psicofísicos que se hacen sobre los choferes o a las condiciones mecánicas que exhiben las unidades que trasladan a 50 o más pasajeros. ¿Se registran, también, fiscalizaciones debidas sobre el grado de acatamiento a las leyes del tránsito por parte de los choferes? ¿Se opera con tacómetros, como ocurre en toda Europa, o se depende únicamente de los controles rutinarios en las rutas, sea por retenes policiales o por la incidencia de radares? Existen, ciertamente, excesivas tragedias y muchas responsabilidades compartidas.
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