Cada vez es más frecuente encontrar en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires ejemplos de privatizaciones o concesiones que hacen los fiscos locales de las distintas etapas que conforman la recaudación, delegando de esta manera directamente el ejercicio de funciones esenciales del Estado en materia tributaria.
Especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994 (con la consagración que allí se ha logrado del principio de autonomía municipal del artículo 123), y de sus reflejos en las distintas jurisdicciones provinciales, se han arbitrado en los municipios, con independencia de su magnitud poblacional o geográfica, mecanismos tendientes a optimizar su funcionamiento a partir de la aplicación de un dispositivo recaudatorio consistente en lo que se conoce como privatización o tercerización de las funciones municipales.
DELEGACION
De esta forma, los municipios delegan en empresas privadas o estudios de profesionales (generalmente bajo la forma legal de “consultoras”) la función pública consistente en determinar la existencia y cuantía de los créditos fiscales cuya retribución, casualmente, consiste en un porcentaje de lo que se recaude.
Seguramente no veríamos con buenos ojos si la AFIP decidiera contratar una empresa a quien se le encomiende la verificación de la exactitud de las declaraciones juradas de bienes personales o del impuesto a las Ganancias de los contribuyentes, fijando como mecanismo de retribución de tales servicios un porcentaje sobre lo que se recaude como consecuencia de la revisión de aquellas, extremo que constituye una función pública indelegable que inequívocamente debe ser cumplida por agentes públicos integrantes de la estructura de recursos humanos del Estado, sujetos, por ello, al poder disciplinario del mismo y a las responsabilidades civiles y penales pertinentes.
CALIDAD ADMINISTRATIVA
Por supuesto que los argumentos a favor son bastante convincentes, esgrimiendo la búsqueda de una mejora en la calidad administrativa, que tiene como fundamento principal modernizar al municipio dotándolo de tecnología a partir de la incorporación de herramientas técnicas y capacitación del personal.
Sin embargo, estos argumentos no son más que los utilizados en cualquier proceso de privatización de un servicio público que hemos vivido en nuestro país.
De esta manera se infra valorizan los recursos (de todo tipo: humanos y técnicos) del Estado para justificar el desembarco del capital privado, más eficiente y más avanzado según sus defensores.
Claro que, desde el punto de vista constitucional, no parece ser ésta una práctica admisible, puesto que las potestades de aplicación, gestión, verificación y posterior recaudación de los gravámenes no son susceptibles de ser transferidas fuera de la órbita estatal, por elementales razones ligadas a su estrecha relación con el principio constitucional de reserva de ley, a la vez que se vacía al Estado del ejercicio de sus funciones vitales e intrínsecas a su existencia.
QUEHACER ESTRATEGICO
No podemos omitir considerar que la función pública de la recaudación constituye un quehacer estratégico del Gobierno.
Dicho esto, la privatización de la misma pone en jaque el aparato fiscal cuando colocamos en manos privadas las bases de datos que contienen todo lo relacionado a la identificación de los contribuyentes y la determinación (tanto la realizada por el particular como la efectuada por el fisco) de sus tributos, información que debería estar protegida asimismo por el secreto fiscal.
Pero dicho esto, es importante comprender que las soluciones deben buscarse dentro de la misma administración.
Las herramientas de la modernización del Estado deben buscarse en las jornadas de actualización de la Asesoría General de Gobierno; en el asesoramiento tributario del Ministerio de Economía; en la asistencia continua de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, quien, sin ir más lejos, desarrolló un programa destinado exclusivamente a la modernización municipal, brindando capacitaciones, fiscalizaciones, jornadas de recaudación, herramientas tecnológicas y geoespaciales de última generación.
Las herramientas gratuitas para hacer frente a estas concesiones municipales existen y pretenden dar batalla a las transacciones de los gobiernos municipales con el objeto de poner a resguardo las garantías constitucionales de los contribuyentes y el destino de la recaudación.
Valeria Verdolini - Abogada Especialista en Derecho Tributario, Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales (Abef)
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