La discusión en torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la pobreza., destaca un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
El salario mínimo legal se asocia con la búsqueda de una distribución más igualitaria del ingreso y la reducción de la pobreza. Tanta es la importancia que se le asigna que está explícitamente creado por la Constitución y se contempla un organismo tripartito para su actualización, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con representación del Gobierno, los empleadores y los sindicatos. Por la alta inflación, se viene repitiendo la práctica de convocar anualmente al Consejo para actualizar su monto.
En esta oportunidad no hubo acuerdo y finalmente el Gobierno laudó aplicando un incremento del 24%, llevando gradualmente el valor del salario mínimo legal desde $8.060 a $10.000 mensuales en julio del 2018. El nuevo monto es rechazado por la CGT por considerarlo insuficiente.
Lo cierto es que el 23% de los trabajadores privados tiene ingresos inferiores al salario mínimo legal. De éstos, el 11% son asalariados privados registrados. El 89% restante se distribuye en proporciones similares entre asalariados privados no registrados y cuentapropistas.
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