El juez de Control 3 de Jujuy, Gastón Mercau, llevó a cabo hoy la inspección de dos inmuebles de la dirigente social Milagro Sala para evaluar la viabilidad de la aplicación de la prisión domiciliaria, en caso que se sea concedida, de acuerdo a las medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esto es dentro del contexto de la resolución de la CIDH, que sostiene que hay que modificar las condiciones de detención en el establecimiento penitenciario. Estamos viendo la posibilidad de que se haga una detención domiciliaria eventualmente”, señaló Mercau en diálogo con la prensa.
No obstante, aclaró que todavía “no hay ninguna decisión tomada” y que también se están evaluando otras medidas alternativas, entre ellas una “una fiscalización electrónica”, tal cual lo sugerido por la CIDH en su resolución del 28 de julio pasado.
En torno a la decisión que el magistrado debe tomar, marcó que lo hará “una vez que tenga reunidos todos los informes necesarios”, pero advirtió que de todas maneras también se debe esperar a la decisión del otro juez que mantiene con preventiva a la dirigente, ya que puede expedirse de distinta manera.
“Estoy evaluando la situación dentro de lo que dijo la CIDH, pero dentro también de una prisión preventiva que estaba dictada en el marco de una causa” resumió sobre el análisis que debe hacer y que incluye ver si “podría haber posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso”.
Respecto de lo inspeccionado, Mercau sostuvo que se observaron las condiciones para la seguridad en cuanto a la entrada y a la salida, e indicó que las conclusiones serán dadas en el momento de dictarse la resolución, además de que también debe esperar a ver qué es lo que propone la defensa de Sala.
La primera inspección se realizó alrededor de las 10 de la mañana en un inmueble que la dirigente posee en cercanías del dique la Ciénaga, en la ciudad de El Carmen, distante a 27 kilómetros de la capital provincial.
Luego Mercau se dirigió al domicilio donde residía la dirigente antes de ser encarcelada el 16 de enero del año pasado, ubicado en el barrio Cuyaya del San Salvador de Jujuy, donde se cumplió la segunda inspección alrededor de las 11.
La medida tomada por el juez también incluía el pedido a la defensa técnica de que notifique otros posibles domicilios donde Sala pueda eventualmente cumplir la prisión domiciliaria.
Al respecto, una de las abogadas de Sala, Paula Álvarez Carrera, aseguró hoy que pretende que, de dictarse la medida, la líder de la Tupac Amaru pueda regresar al “domicilio donde convivía con su marido”, ya que el inmueble de El Carmen está inhabitable porque “sufrió robos y saqueos”.
La evaluación de la prisión domiciliaria también incluyó una solicitud remitida al Ministerio de Seguridad de la provincia para que realice las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para establecer si personal de Gendarmería Nacional puede cumplir las funciones de seguridad y custodia, sobre lo cual Mercau señaló que aún no obtuvo respuesta.
Con el mismo objetivo que la medida adoptada por Mercau, se conoció hoy que el otro juez que le dictó prisión preventiva a la dirigente, Pablo Pullen Llermanos, libró oficios con algunas diferencias en el proceder para "evaluar la viabilidad de la prisión domiciliaria", "en forma previa a adoptar una decisión", según informó este mediodía la defensa de la dirigente al tomar conocimiento de una cédula de notificación con fecha del martes pasado.
En la resolución, el juez demanda en primera instancia que la defensa informe dentro los plazos de la ley cuáles serían los inmuebles con los que contaría Sala en el caso de que se resolviera una prisión domiciliaria, para de allí hacer una análisis pormenorizado de las condiciones de los sitios.
La cautelar de la CIDH, difundida el 28 de julio, urge al Estado argentino a dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo de la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad".
Sala está detenida desde enero del 2016, primero a raíz de un acampe que la agrupación Tupac Amaru realizaba frente a la sede de la Gobernación y, luego, bajo prisión preventiva, en causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, investigación a cargo del juez Gastón Mercau.
La dirigente social está alojada en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero".
SUSCRIBITE a esta promo especial