La usurpación de 1 y 92 cumplió un año y no hay señales de una solución

A más de un año de que desembarcaran los primeros ocupantes, los vecinos de los lotes usurpados en la zona de 92 y 1 siguen esperando que se concrete la prometida reubicación de las familias instaladas en las tierras que se extienden a la vera del arroyo Maldonado.

Después de sucesivas postergaciones, el titular del juzgado de Garantías 3 de La Plata, Pablo Raele, dispuso a mediados de junio pasado que el próximo 5 de septiembre vence el plazo otorgado a los organismos oficiales para que reubiquen a quienes se afincaron en el predio de propiedad privada. Y aclaró que, de otra forma, “se hará indefectiblemente efectiva la medida de desahucio”, la misma que ya se suspendió en al menos dos ocasiones.

Sin embargo, tanto el dueño de los terrenos en conflicto como los vecinos históricamente radicados manifestaron que fue poco y nada lo que las autoridades provinciales y municipales hicieron hasta ahora para “mudar” a las familias. Y expresaron a este diario su preocupación por la posibilidad de que se les otorgue una nueva prórroga a quienes deben buscarle un nuevo destino a los ocupantes.

Derrotero judicial

Si así fuera, sería la tercera suspensión de la medida de desalojo: la usurpación empezó el 7 agosto del año pasado. Por entonces, tanto el dueño de los lotes como los frentistas acudieron a la Justicia para que desalojen a los recién llegados. En primera instancia el magistrado, ordenó el desalojo. Tras una apelación, la Cámara platense ratificó el fallo en noviembre pasado.

Sin embargo, el 7 de diciembre se suspendió la medida de fuerza tras la intervención de una mesa de gestión de la que participan la Dirección de Tierras y Viviendas municipal -a cargo de Augusto Sciarretta-, la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, la subsecretaría Administrativo en Materia Previsional y Derechos Humanos de la Fiscalía de Estado y el Consejo Social de la UNLP.

El juez les otorgó a los funcionarios 70 días para trasladar a los ocupantes. Frustada una posible relocalización en 4 y 84, el plazo se cumplió el 7 de junio pasado, sin que se llevara a cabo ninguna acción. “En unos días se vence la última prórroga y no hay voluntad de solucionarlo. En Tierras del Municipio nos dicen que están trabajando pero que aún no tienen definido el lugar donde los van a trasladar. Si es así, ni siquiera empezaron a poner en condiciones el predio al que los van a llevar, o sea, van a volver a pedir una suspensión del desalojo”, advirtieron.

Los vecinos -que por temor a las represalias mantuvieron su nombre en reserva- están muy inquietos porque la convivencia con los recién llegados es cada vez más conflictiva. Denuncian que recrudeció la inseguridad, que hay casillas que se usan “de aguantadero” y que de noche no pueden salir de sus casas porque están amenazados. “No es más de una decena de familias que viven en el lote, pero en un censo aparecieron veintiocho”, señalaron los vecinos, que a su vez dijeron que el predio permanece prácticamente sin vigilancia. “Judicialmente está dictada la medida de resguardo pero no hacen nada. Apenas hay un sector custodiado pero el predio es inmenso y los ocupantes entran y salen como si nada”, agregaron.