Sigue pendiente en el país la sanción de una reforma política y electoral

En lo que resulta ser una auspiciosa continuidad del proceso democrático recuperado en nuestro país en 1983, la sociedad argentina acudió ayer a las urnas para cumplir con lo dispuesto por la ley que estableció las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), destinadas en principio a seleccionar en cada partido las candidaturas que en el próximo mes de octubre se presentarán en las elecciones de renovación parlamentaria en todo el país.

Se sabe, sin embargo que las PASO -tal como vienen siendo llevadas a la práctica- carecen de efectividad institucional, puesto que la mayoría de los partidos políticos deciden en forma anticipada la conformación de sus nóminas de postulantes a los principales cargos electivos. De modo que, tal como se señaló, tienen una importancia evidente a la hora de considerarlas como una instancia más del proceso democrático que, en forma ininterrumpida, se desarrolla en la Argentina desde hace 34 años. De todos modos, como se ha señalado ya en esta columna, las PASO no debieran ser de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos, ajustándose así nuestro país a la modalidad que impera en las primarias en los demás países, donde son voluntarias.

Debe además ponderarse, como dato positivo, que las elecciones de ayer se hayan desarrollado con normalidad en la mayoría de los distritos, tal como lo confirmó la Cámara Nacional Electoral. Este dato reviste especial importancia, ya que deja traslucir que existe en el electorado un consistente grado de acostumbramiento a las demandas electorales, propias del sistema democrático.

No obstante, lo que está claro es que la buena predisposición de los votantes debería verse acompañada por trámites electorales más simples. En muchas oportunidades las muestras de entusiasmo de muchos votantes -obligados a superar trámites muchas veces lentos, con dificultades planteadas por algunos padrones deficientes y, en no pocas ocasiones, las creadas por las malas condiciones de las redes viales para llegar a los lugares de votación- no se ven correspondidos por los numerosos trastornos que plantea un sistema electoral anacrónico, atado al método de las boletas sábanas.

Como bien se ha dicho en otras ocasiones, las boletas sábanas han terminado por hartar a la población, dadas las notorias dificultades que implican su utilización. Además de generar confusión, ellas se reflejan con mayor elocuencia cuando comienza el escrutinio. Se sabe que en votaciones anteriores, cuando ya habían pasado casi cinco horas del cierre de las mesas de votación, aún no se habían dado a conocer resultados oficiales, ni siquiera muy parciales.

Se conoce también que, ante cada proceso electoral cumplido, se suman voces coincidentes en el sentido de que el sistema electoral reclama una reforma profunda, que le otorgue mayor agilidad y transparencia a las elecciones. Puede decirse, asimismo, que siguen pendientes de análisis y tratamiento en nuestro país proyectos legislativos que apuntan a instrumentar mejores mecanismos de selección de candidatos y un mayor grado de participación de la ciudadanía.

El año pasado volvió a caerse en el Congreso nacional un proyecto que propiciaba la instrumentación del voto electrónico. Tal decisión fue adoptada, como se sabe, por el principal bloque opositor en el Senado , que rechazaron el proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata, en definitiva, de sustituir el obsoleto y costoso procedimiento de las urnas. No caben dudas de que el voto electrónico es uno de los mecanismos más idóneos para dar transparencia a los actos electorales y reducir a un nivel prácticamente nulo las posibles maniobras de fraudes comiciales. Contra las objeciones que, según dicen, habrían presentado expertos informáticos, existen numerosas experiencias, en cada vez más países, demostrativas del éxito indudable que acompaña al sistema del voto electrónico, tanto en lo que se refiere a la transparencia como a la mayor rapidez en los cómputos.

Debe insistirse, además, en el reclamo de que se desdoblen las elecciones municipales, separándolas de las nacionales y provinciales, habilitándose de esa manera la puesta en vigencia de un mecanismo que permitiría enriquecer el debate sobre las cuestiones locales y otorgarle mayores grados de compromiso a la participación ciudadana. Bien se conoce que los municipios, además de ser células básicas del sistema democrático, son también unidades de servicio y de gestión que merecen, por consiguiente, un análisis particular de los proyectos públicos, sin que estas cuestiones se vean, como hasta ahora, eclipsadas por los requerimientos provinciales o nacionales.

La ciudadanía argentina ha venido demostrando, cada vez más, un mayor deseo de interesarse en la cosa pública, de conocer mejor a los representantes que elige y de controlarlos a lo largo de su gestión. Se trata de avances republicanos que, por consiguiente, obligan a las instituciones y a los partidos políticos a modernizar un trámite desactualizado, que no se encuentra a la altura de los reclamos de una población que aspira a consolidar un modo de vida basado en el respeto a la ley y a las opiniones del otro.