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La Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, que encabeza Guillermo Berra, continúa con el análisis de las declaraciones juradas de varios jefes policiales de la Región, en las cuales se habrían detectado presuntas incongruencias entre los ingresos denunciados y los movimientos vinculados a su patrimonio, informaron a este diario calificadas fuentes de la investigación.
Concretamente, la sospecha apunta a que varios policías de alto rango, que cumplen funciones en distintas dependencias locales, no estarían en condiciones de justificar los bienes que detentan, lo que sería considerado como una falta grave, que incluso podría motivar su expulsión de la institución.
La ley de Policía (13.982) define a las faltas graves como aquellas “inherentes a conductas que involucren al personal en hechos de corrupción, abandono del servicio, actos que impliquen la violación de derechos humanos, uso abusivo de su status profesional e incumplimiento de órdenes de servicio”.
Siguiendo la misma normativa, implica la pérdida del estado policial y de todos los derechos inherentes al cargo.
Como se sabe, desde que empezaron a destaparse algunas “cajas negras” dentro de la fuerza, como la de los sobres, las plantas verificadoras y hasta el reparto de las llamadas Horas Polad, por los servicios adicionales de custodia, siempre sobrevoló la figura del “enriquecimiento ilícito”. Y este caso no sería una excepción.
En las últimas horas trascendió que Asuntos Internos también decidió cesantear de sus funciones a varios comisarios con supuesta relación a la causa de los sobres y, si bien anoche todos seguían en sus cargos, es un secreto a voces que los cambios deberían producirse en el curso de esta semana, a partir de que les llegue la notificación de la medida (ver aparte).
Se trataría de los titulares de las comisarías segunda, Elio Palominos; octava, Carlos Prieto; Ringuelet, Adrián Mosca, y Melchor Romero, Juan Sebastián Verón.
También integran ese listado Marcelo Volpintesta, como jefe de turno de la Departamental La Plata; Ángel Larrauri, como jefe de turno de la seccional quinta de La Plata y Gastón Aizcorbe, como jefe de turno de la seccional primera de Berisso.
“Llegamos a ellos por analogía de pruebas y modus operandi”, explicó un vocero a este diario.
“Por la función específica que cumplían, al momento en que los hechos se produjeron, no podían desconocerlos, más allá de que no está probado que hayan escrito los sobres. Para nosotros les corresponde la misma sanción por la aplicación de la responsabilidad objetiva”, agregó en relación a la faz administrativa.
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