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Hace ya demasiados años que se reiteran en los hospitales y demás centros de salud de nuestra provincia ataques muy violentos contra el personal médico y auxiliar cometidos generalmente por familiares o amigos de personas internadas, cuando no por algunos pacientes, en un injustificable fenómeno que ha vuelto a presentarse en estas jornadas.
Tal como ahora se informó en este diario, un nuevo episodio de violencia sacude al mundo médico. Ocurrió en la madrugada de anteayer, cuando familiares de un hombre que murió en la sala de emergencias del Hospital de San Francisco Solano atacaron a golpes a un médico de guardia y lo amenazaron de muerte aparentemente porque lo culpaban por el fallecimiento, tras lo cual provocaron serios destrozos en el centro asistencial y huyeron.
Según los investigadores, todo comenzó cuando una ambulancia de los bomberos ingresó al establecimiento con un hombre de 38 años que padecía un aparente cuadro de paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado de inmediato al shock room y atendido por los médicos.
Sin embargo, unas horas después los médicos informaron a los familiares que el hombre había fallecido como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, producto de una taquicardia, desatándose a partir de allí la violenta la agresión cometida por quienes, una vez que concluyeron con ese ataque a un médico que quedó malherido y con los destrozos que causaron a distintas salas, huyeron del hospital.
No interesa ya seguir detallando las características particulares de un hecho que no es excepcional, que se reitera con mucha frecuencia y que cuenta con antecedentes muy cercanos. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires estos incidentes se repiten con cotidianeidad. Según distintas entidades médicas, cerca del 60 por ciento de los médicos bonaerenses que trabajan en hospitales públicos y privados ha sufrido alguna forma de agresión por parte de pacientes o de sus familiares. La misma suerte corre el resto del personal sanitario.
La mayoría de esas agresiones –algunas de ellas incluyeron el uso de armas de fuego por parte de los agresores- que involucran casi siempre a familiares de pacientes, se registran en la guardias y las ambulancias, pero también en otros servicios de salud.
No debiera ser preciso enfatizar acerca de la necesidad de que los hospitales, por la función que cumplen, por la condición en que se encuentran quienes están allí internados o acuden en busca de una consulta y, desde luego, el personal médico y auxiliar que atiende a esos pacientes, cuenten con las máximas y absolutas condiciones de seguridad.
Es dable esperar, entonces, que las autoridades provinciales reimpulsen todas aquellas medidas que puedan alcanzar la eficacia suficiente como para aumentar en forma sensible los márgenes de seguridad en los hospitales, permitiéndoles a los médicos y enfermeros que puedan desarrollar sus tareas sin presiones ni amenazas de ninguna índole. Y, al mismo tiempo, devolviéndoles a los pacientes -sean los internados o quienes asisten a las guardias y consultorios en los centros de salud- la tranquilidad que merecen en un sitio que existe para salvar vidas y no para ponerlas en riesgo.
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