Otorgaron la prisión domiciliaria a Milagro Sala, pero con restricciones

La medida no será de aplicación inmediata y deben acondicionar la vivienda, donde estará con tobillera

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El juez Pullen Llermanos otorgó anoche la prisión domiciliaria en la casa de El Carmen, con tobillera electrónica y estrictas restricciones, a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero la decisión no será de cumplimiento inmediato ya que primero deberá acondicionarse el inmueble que apareció saqueado en los últimos días.

Pullen Llermanos dispuso que la efectivización de la prisión preventiva tendrá lugar “dentro del plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de la resolución a los organismos que se estimen competentes para la tarea de refacción, y puesta a punto de la faz interna y externa del inmueble”.

Las nuevas condiciones de detención de Sala, detenida en el penal de Alto Comedero desde enero de 2016, se deben a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, tras una visita al país.

ACONDICIONAMIENTO

No obstante, el juez indicó que si la defensa de Sala propusiere el acondicionamiento interno en un plazo menor, teniendo en cuenta que la semana que viene dos días serán feriados, uno nacional y otro provincial (lunes y miércoles), el cumplimiento de la medida se realizará de inmediato al momento en que el magistrado constate la finalización de tales tareas.

En los fundamentos de la resolución, el magistrado expresó que si bien “no hace lugar a la figura de prisión domiciliaria, hace viable y se expide en los efectos prácticos en igual sentido que el juez de Control Nº 3, Gastón Mercau, disponiendo el mantenimiento de la preventiva en iguales condiciones pero ordenando un mero cambio de lugar físico”.

“Si bien la recomendación de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento, para fallar en el sentido indicado se hizo eco del supuesto riesgo de vida de Sala que para la Comisión existiría en las condiciones actuales de alojamiento”, argumentó.

Entre las medidas impuestas, el juez ordenó que la custodia perimetral del inmueble se encuentre a cargo de Gendarmería Nacional, y que el control y monitoreo del dispositivo electrónico sea realizado por el Patronato de Liberados y Menores Encausados de la Provincia.

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