Nuevas revelaciones de los jefes policiales millonarios en La Plata

La Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense sigue poniendo la lupa en las declaraciones juradas de comisarios y subcomisarios de la Bonaerense, sobre todo en las de aquellos sospechados de manejos irregulares.

Como este diario informó en exclusiva días atrás, ya se detectaron algunas “inconsistencias” en el patrimonio de los ocho ex jefes que hoy están detenidos por la llamada causa de los sobres en la Departamental La Plata, y algo parecido está pasando con los de los otros siete que fueron cesanteados de sus cargos la semana pasada, como coletazo del mismo escándalo (ver aparte).

Se trata de los ex titulares de las comisarías segunda, Elio Palominos; octava, Carlos Prieto; Ringuelet, Adrián Mosca, y Melchor Romero, Juan Sebastián Verón; además de los ex jefes de turno Marcelo Volpintesta (Departamental); Angel Larrauri (Quinta) y Gastón Aizcorbe (Primera de Berisso).

Lo que hacen los funcionarios de Asuntos Internos dirigidos por Guillermo Berra es comparar lo que declaran los policías con lo que se desprende de sus cuentas, registros bancarios, gastos, situación patrimonial de sus parejas y eventuales testaferros, siempre teniendo en cuenta que son agentes que cobran un “sueldo promedio de unos 35 mil pesos mensuales”, dijeron allegados a la pesquisa.

Según trascendió de los mismos voceros, ya detectaron que Angel Larrauri tiene “seis autos” y Marcelo Volpintesta “tres”, como algunos de los casos más llamativos entre los últimos cesanteados.

Completan la lista Palominos, con dos propiedades; Aizcorbe, con una casa y un auto; Mosca, con dos autos; Verón con uno y, Prieto, “curiosamente, no tiene nada”, analizó un pesquisa, sin pasar por alto que la investigación “es preliminar” y se siguen entrecruzando datos, entre otros organismos, con la AFIP.

Días atrás este diario reveló algunas cuestiones llamativas de la situación patrimonial de los ocho comisarios que están detenidos por el hallazgo, en abril del año pasado, de 36 sobres con más de 150 mil pesos en las oficinas de la Departamental.

El caso que más resalta es el del ex segundo jefe Departamental, Rodolfo Carballo, que tiene dos casas, seis vehículos y un caballo de carrera pura sangre. “Pero a nombre de su cónyuge, que es retirada de Policía, surgió el 100 % de un Fiat Uno; el 100 % por un Cuatriciclo Gilera 2014; el 50 % de una moto Honda 2008 y el 100 % de una moto Zanella 2012, del que Carballo tiene cédula azul”, se informó.

Respecto de Darío Camerini, ex titular de la Departamental La Plata, la información que surge del análisis de su patrimonio es la siguiente: “El 100 % de un departamento con cochera en La Plata, adquirido en 2015; el 100 % de un departamento en La Plata, adquirido en 1998; el 100 % de una camioneta 4x4 modelo 2014 y el 100 % de un Ford Fiesta Kinetic Titanium, adquirido en 2016”, detallaron los auditores.

Además “en 2015 viajó a México y en 2016 hizo otro viaje a México-Panamá y su cónyuge, de la que está separado de hecho, posee el 100% de una camioneta Ford EcoSport modelo 2016 y el 100 % de otra EcoSport 2015, con cédula azul a favor de Camerini”, añadieron.

Situaciones parecidas surgieron del análisis de las declaraciones del resto de los imputados: el ex Secretario Departamental, Walter Skramowskyj; Ariel Huck, ex Jefe de Operaciones Departamental; Sebastián Velázquez, ex comisario de la segunda; Julio Sáenz, de la Sexta; Sebastián Cuenca, ex comisario de Los Hornos; y Julio Frare, ex jefe de Villa Elisa”.

La sospecha que impulsó al gobierno bonaerense a exigir las declaraciones juradas de los policías con mayor jerarquía en la fuerza es que muchos no estarían en condiciones de justificar los bienes que detentan, lo que se considera como una falta grave, que incluso podría motivar su expulsión de la institución.

La ley de Policía (13.982) define a las faltas graves como aquellas “inherentes a conductas que involucren al personal en hechos de corrupción, abandono del servicio, actos que impliquen la violación de derechos humanos, uso abusivo de su status profesional e incumplimiento de órdenes de servicio”.