El proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad penal empresaria sufrirá modificaciones y deberá volver a Diputados una vez que sea aprobado por el Senado, de acuerdo a lo expresado hoy por miembros del oficialismo y de la oposición en la segunda jornada de debate en comisión de la iniciativa que tiene media sanción de la Cámara baja.
El jefe de los senadores del PJ-FPV, Miguel Pichetto, adelantó hoy que no promoverá el apoyo a la norma tal como fue aprobada a principios de mes por los diputados al considerar que la cuestión de la imprescriptibilidad le parece "un verdadero mamarracho" y al señalar que "asimilar los delitos de la administración pública a los delitos de lesa humanidad es una exageración".
"El Senado tratará de modificar (la norma) y mandarle a Diputados para votar algo que sea coherente y que le sirva al sistema penal", declaró este mediodía Pichetto al hablar en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se escucharon también testimonios de jueces y fiscales a favor de la iniciativa.
En el mismo sentido se expresó la senadora de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, quien calificó como "riesgoso avanzar en la ley tal como está".
El jefe de los senadores del PJ-FPV sostuvo que le "inquieta" el artículo 7 que sostiene que la persona jurídica podrá ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a las personas humanas que hubieren intervenido en el delito e insistió con la necesidad de modificar algunos de sus puntos antes de convalidar el proyecto.
También destacó la importancia de buscar "un modelo de equilibrio" que "permita avanzar en investigaciones y no actuar en contra del interés de las empresas y de la posibilidad de que los empresarios vengan a invertir en la Argentina".
En tanto, Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, consideró por su parte que la imprescriptibilidad "no es una buena norma" para el tipo de delitos que se analizan en esta normativa y señaló que "una ley nacional no puede avanzar sobre el régimen procesal".
También evaluó necesario establecer algún mecanismo para reemplazar el artículo 37, que establecía la posibilidad de alcanzar un acuerdo administrativo por hechos anteriores a la sanción de la ley, con la intervención de la Procuración del Tesoro y luego la Sigen, y finalmente fue eliminado en el debate en Diputados.
A su turno, Gustavo Hornos, el presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, evaluó que la normativa implicará "un cambio paradigmático en la historia de la lucha contra la corrupción y debe ser hecho con cuidado y responsabilidad" y advirtió que "es el Poder Legislativo el que debe ponerse a la cabeza de la lucha de la corrupción".
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