Luis Paz, abogado defensor de Milagro Sala, confió ayer en que el traslado de la dirigente de la Tupac Amaru a la casa de El Carmen, donde continuará con arresto domiciliario, se realizará “en estos días” y apuntó al presidente Mauricio Macri como el “responsable” de la “situación violatoria” de sus derechos.
El beneficio de la prisión domiciliaria fue otorgado por el juez Pullen Llermanos quien estipuló un plazo de “quince días” para el acondicionamiento del inmueble que apareció saqueado en los últimos días, en el que Sala cumplirá su detención con tobillera electrónica y estrictas restricciones.
ACONDICIONAMIENTO
El diálogo con radio Del Plata, el letrado estimó que el traslado desde el penal de Alto Comedero podría realizarse en “estos días” tras indicar que a partir de la decisión del magistrado integrantes de la Tupac Amaru iniciaron las “tareas de acondicionamiento” de la casa donde trabajan “25 personas voluntaria y solidariamente”.
“Con el esfuerzo y laburo de los compañeros, la casa la terminan hoy” (por ayer) y “no habría más impedimento para que sea trasladada”, sostuvo el representante legal de Sala.
En cuanto a la situación procesal de la dirigente, Paz aseguró que “el responsable último de toda esta situación violatoria de los derechos de Milagro Sala, parlamentaria del Mercosur es (el presidente) Mauricio Macri”, mientras que al gobierno jujeño de Gerardo Morales “le va a quedar la pátina de la tortura y del apresamiento político”.
En este marco, denunció la “persecución política, el hostigamiento y tortura que ha venido recibiendo Milagro durante más de 580 días en esta detención”.
Las nuevas condiciones de detención de Sala, alojada en el penal de Alto Comedero desde enero de 2016, se deben a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, tras una visita al país.
Sin embargo, el letrado se quejó porque “hoy domingo sigue presa arbitrariamente en el Alto Comedero”, a pesar de las dos resoluciones que se dictaron durante la semana.
“El Estado argentino es el garante del cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos que firmó y ratificó por el Congreso la República Argentina y esta responsabilidad internacional recae en la figura del Presidente de la nación”, acusó.
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