La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero” de Santiago Maldonado “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.
A través de una medida cautelar que lleva el número 564-17, la CIDH pidió que el Estado “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar” los hechos que rodearon a la desaparición del joven.
“El Estado (argentino) tiene la obligación de determinar el paradero del señor Maldonado, así como de esclarecer las causas de su alegada desaparición, procesar y sancionar a todas las personas que sean responsables”, añadió la CIDH a través de la cautelar, fechada el martes, 22 de agosto, y cuyo texto se conoció ayer.
Uno de los dos órganos del sistema de protección de los derechos humanos creado en el marco de la OEA, la CIDH recibió al menos dos pedidos de medidas cautelares desde la desaparición de Santiago Maldonado, el joven de 28 años visto por última vez por testigos el 1° de agosto durante un operativo de la Gendarmería en tierras habitadas por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut.
Además, en la resolución 32/2017 adoptada por el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, junto a otros directivos y firmada por la secretaria ejecutiva María Claudia Pulido, la Comisión consideró que el caso “reúne ‘prima facie’ los requisitos de “gravedad, urgencia e irreparabilidad” contemplados en el artículo 25 de su reglamento para la adopción de cautelares.
fijan plazo
En consecuencia, solicitó al Estado argentino que, en un plazo de 10 días, informe “sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica”.
Señaló además que el otorgamiento de la cautelar “no constituye prejuzgamiento sobre violación alguna de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En seis páginas, la resolución resume los hechos y argumentos alegados por las partes (peticionantes y Estado), incluidos detalles aportados por testigos sobre lo sucedido el 1 de agosto en el operativo de Gendarmería.
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