Abusos en el Próvolo: detuvieron a una monja y suman ocho los implicados

La justicia imputó hoy a la monja Concepción Martínez en la causa que investiga el abuso de 25 niños y adolescentes hipoacúsicos que concurrían en el Instituto Próvolo, en el departamento mendocino de Lujan de Cuyo, y ya suman ocho los religiosos y ex empleados involucrados, informaron hoy fuentes judiciales.

Martínez fue imputada por el fiscal Gustavo Stroppiana este miércoles "por omisión en los hechos de una de las víctimas", aunque quedará en libertad bajo fianza "por no existir riesgo procesal ya que se presentó espontáneamente con su abogado", señaló el representante de la querella, Juan Dantiacq

Con la religiosa Martínez, ya son ocho los imputados en la causa en la que se investiga abusos a los estudiantes del Instituto por parte de religiosos y ex empleados del lugar. 

La imputación contra la monja surgió luego de que uno de los testigos relatara que le había contado a Martínez sobre lo que ocurría en el Próvolo. La justicia consideró entonces que la religiosa había ocultados los hechos, señalaron las fuentes.

Martínez apareció en la causa cuando fue citada a declarar como testigo a principio de año a pedido del abogado defensor, Carlos Varela, de la entonces prófuga monja Kumico Kosaka quien estaba oculta en Buenos Aires y que luego se entregó a la justicia y trasladada hasta la provincia mendocina donde quedó alojada en la Unidad Penal VII, denominada "Agua de las Avispas", de Mendoza.

La monja Kumico Kosaka, está acusada de "participación y complicidad en los abusos" que se cometieron en el Próvolo, por los que están detenidos además otras seis personas. Se trata de los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), el monaguillo José Bordón (50), el empleado administrativo José Luis Ojeda (41) y el jardinero Armando Gómez (46).

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Todos están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".

En la última semana se sumó la imputación de Graciela Pascual, quien era la representante legal del Instituto y quedó detenida en la cárcel de mujeres de Agua de las Avispas.

La justicia imputó a Pascual por "partícipe primaria en la omisión de garante" en los delitos que se investigan por abuso sexual a niños hipoacúsicos.