El chavismo, cada vez más blindado en Venezuela

CARACAS.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela cumplió un mes de su elección y pese a la estampida de críticas sobre su legitimidad proveniente de varias partes del mundo, el órgano, integrado únicamente por oficialistas, avanza imparable en su afán por blindar al chavismo gobernante.

A su manera, este suprapoder (que le arrebató facultades al Parlamento) ha ido cumpliendo los propósitos para los que fue constituido. En primer lugar, su puesta en marcha significó el fin de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país durante cuatro meses y se saldaron con más de 120 muertos, unos 2.000 heridos y cerca de 5.000 arrestos. Sin embargo, y pese a que los constituyentes se atribuyen esta “victoria de paz”, la ANC no hizo nada concreto para detener las marchas. Fue su elección en sí lo que desairó las calles ante la llegada de este temido cuerpo que, según la oposición, es un instrumento para “consolidar una dictadura”.

Los 545 miembros de esa Asamblea, todos fieles a la llamada revolución bolivariana, aprobaron por unanimidad cada decisión, aunque su presidenta, la ex canciller Delcy Rodríguez, insiste en defender la “pluralidad” de la ANC.

“CORTE” DE CABEZAS

No obstante, todos los constituyentes coinciden en su vocación de “paz” y, en este sentido, han actuado contra quienes consideran detractores de esa calma que pregona el chavismo, en la que la oposición política es “apátrida” y los empresarios los culpables de la crisis económica. Bajo esta premisa, y con el poder incontestable de la Constituyente, comenzaron a “cortar cabezas” y la primera que rodó fue la de la ex fiscal general Luisa Ortega, a quien acusaron de la violencia desatada durante las protestas y le achacaron supuestas faltas graves en el desempeño de su cargo. Ortega se había convertido en la voz crítica institucional contra el Gobierno de Nicolás Maduro y la Justicia venezolana.

Por ello le quitaron el cargo y nombraron en su lugar al ex defensor del pueblo, Tarek William Saab, leal al oficialismo. Saab denunció una supuesta red de extorsión comandada por Ortega y su esposo el diputado disidente del chavismo Germán Ferrer. A Ferrer le quitaron los fueros y sobre ambos hay pedido de captura. Tanto la destitución de la fiscal general como el retiro de la inmunidad a un diputado son facultades exclusivas de la Asamblea Nacional (Parlamento), bajo control opositor y avasallado por el Gobierno.