Hace ya demasiado tiempo que en la Región se mantiene virtualmente inalterable la cifra de víctimas fatales por año en accidentes de tránsito, traducida en la ecuación de una ´persona muerta cada tres días, lo que convierte a nuestra zona en una de las más peligrosas del país a partir de una sucesión que parece no tener fin y que, en forma invariable, lo certifican las penosas estadísticas de la inseguridad vial.
A tal punto de anarquía y descontrol se ha llegado que la palabra “accidente”, cuya primera acepción habla de “suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas” , no parece ya ajustarse a lo que ocurre realmente en las calles. Se debe decir, lamentablemente, que no hay nada de imprevisto o de anormal, en el contexto de indisciplina con que se desplazan los vehículos en nuestra zona
Ese estado difuso de inseguridad es el causante –si se quiere endémico- de la multiplicidad de incidentes callejeros y de los riesgos que ello supone para la integridad física de la población, sean conductores, pasajeros o peatones las víctimas. La palabra “accidente”, entonces, sólo sirve para facilitar la comprensión, pero no es apropiada, porque ya no hay nada de imprevisto ni de anormal en los choques que se suceden, sea contra otros vehículos, contra objetos inanimados o contra personas de carne y hueso que se encuentran en las calles. Puede concluirse, entonces, que en materia de tránsito, la excepción se ha convertido en regla.
Hace pocas horas se conoció en nuestra zona de un nuevo caso fatal , el de un hombre que fue embestido por un vehículo y que elevó a 68 el número de víctimas en lo que va del año. Si alguien quisiera hallar algún dato “alentador” respecto a la cantidad de víctimas fatales registradas en 2017 a causa de los incidentes viales en La Plata, Berisso, Ensenada y otras localidades vecinas, hay que decir que la cifra está por debajo de lo ocurrido en 2016, para la misma altura del año, que marcaba 76 muertes. Sin embargo, los expertos no dudan en aseverar que sería poco menos que temerario concluir que ese descenso pueda ser consecuencia de una mayor seguridad vial.
Parece llegada la hora de reiterar un llamado a la acción para combatir esta realidad que exhiben las calles. El Estado debe garantizar que se cumplan las normas vigentes en materia de seguridad vial. Pero debe asegurar, además, las condiciones adecuadas de seguridad en rutas, autopistas, caminos y calles o avenidas urbanas, enfrentándose prioritariamente el fenómeno del exceso de velocidad. Es inconcebible, por ejemplo, que la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad (en los automovilistas) y de casco (en los motociclistas) no se haga cumplir.
Existe asimismo un incomprensible vacío educativo en materia de tránsito, que se refleja en la indisciplina con que actúan el automovilista y los peatones en la vía pública. No existe en las escuelas -salvo casos excepcionales- una mínima formación encaminada a que los chicos cobren conciencia acerca de lo que significa un comportamiento atinado en las calles.
Se extrañan en las calles actitudes de prudencia, de comprensión y respeto por la seguridad de los otros. Todo esto, que es demasiado elemental, no parece, sin embargo, estar lo suficientemente claro para las autoridades. Pero nuestra sociedad tampoco puede permitirse el lujo de ignorar principios que son elementales.
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