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La alojaron en una vivienda a 30 km de la capital jujeña
Milagro Sala fue trasladada ayer para cumplir prisión preventiva en su domicilio de la localidad jujeña de El Carmen, en medio de un fuerte operativo de seguridad y en cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino, para que adopte medidas alternativas de detención para la dirigente social.
La líder de la Tupac Amaru fue trasladada poco antes de las 16 desde la Unidad Penitenciaria N°3, más conocida como el Penal de Alto Comedero, hasta el inmueble ubicado en cercanías del Dique la Ciénaga, distante a unos 30 kilómetros de la capital jujeña.
Allí fue recibida por su esposo, Raúl Noro, y familiares directos, junto a una pancarta donde se leía la frase “Bienvenida Milagro. Te saludan tus compañeros del galpón”, además de dos banderas, una de ellas de la Organización Barrial Tupac Amaru.
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En el lugar se podía apreciar, desde el exterior, un clima de algarabía, con aplausos y cánticos, ante la llegada de la diputada electa del Parlasur, junto con una custodia de dos efectivos de Gendarmería y dos agentes de la Policía de Jujuy.
En ese contexto, Sala afrontará desde su domicilio una serie de causas en su contra, entre ellas, acusaciones de supuestos delitos como defraudación al Estado, extorsión, enriquecimiento ilícito y amenazas en grado de tentativa.
La disposición del traslado fue emanada por el juez de Instrucción de Causas de Jujuy, Pablo Pullen Llermanos, luego de que el magistrado Gastón Mercau hiciera lugar a lo solicitado por el organismo internacional, el último 16 de agosto.
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Antes del traslado, Pullen Llermanos requirió la adopción de una serie de medidas de seguridad en el inmueble y en sus alrededores, por lo que hasta ayer continuaban los trabajos de reacondicionamiento, además de que rigen allí idénticas restricciones de lo que es una prisión preventiva en un penal.
Una de las abogadas de Sala, Paola Álvarez Carreras, dijo ayer que las medidas de detención tomadas por el juez “son violatorias de la resolución de la CIDH”, al indicar que “es un régimen paralelo al carcelario”.
“Hay una violación de ley nacional de ejecución penal, que prohíbe que las prisiones domiciliarias sean controladas por fuerzas de seguridad, y en este caso hay un triple control”, agregó, en alusión a las fuerzas de Gendarmería, la Policía de Jujuy y el Patronato de Liberados, a cargo del monitoreo electrónico. La letrada indicó además que, desde la defensa, ya se realizó la apelación correspondiente.
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