Gracias a la magia de la televisión -frase antigua, si las hay- una enorme proporción de argentinos se ha transformado en experta en huracanes que pasan a miles y miles de kilómetros. Irma, y sus hermanitos menores, José y Katia, se metieron en nuestras casas como si de ello dependiera nuestra vida.
No significa lo antedicho que uno carezca de su cuota de sensibilidad y solidaridad con los hermanos del gran país del Norte. Tampoco se desconoce el irrefrenable amor que, desde aquellos lejanos tiempos del “deme dos”, despierta la icónica Miami sobre cierta glamorosa fauna autóctona.
Pero lo cierto es que, mientras Irma arrasa con todo lo que encuentra a su paso, aquí, soplan otros vientos.
Aquí, en estas tierras, la mayor incógnita sigue siendo el destino de Santiago Maldonado. Y a más de un mes de su desaparición, ni la Justicia ni el Gobierno parecen acercarse a dar una respuesta valedera.
Tardíamente la Justicia llamará a declarar, a partir de la semana que comienza, a unos 40 de los gendarmes que tomaron parte del operativo del 1 de agosto, luego del cual se denunció la desaparición del artesano.
Llamativamente, esos gendarmes permanecieron en sus cargos y siguieron cumpliendo sus funciones luego del desgraciado episodio que se investiga.
La decisión adoptada en ese sentido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que uno supone avalada por el presidente Mauricio Macri, difiere llamativamente con la política adoptada en la Provincia de Buenos Aires por la gobernadora María Eugenia Vidal en su lucha contra la corrupción policial.
Bien sabido es que, en territorio bonaerense, ante la más mínima sospecha de la comisión de algún ilícito por parte de fuerzas policiales, los investigados son separados preventivamente de sus cargos hasta que se aclare la situación, en principio, como una medida para evitar desvíos en las tareas de investigación. Con la Gendarmería, que a casi 40 días de la desaparición de Maldonado, es ahora apuntada por la investigación judicial, no ha ocurrido lo mismo.
La suerte corrida por Maldonado debe tener una respuesta rápida y concreta. De esto no debe quedar duda alguna. Claro está que exigirle al Gobierno y a la Justicia una cabal explicación de los hechos, obliga también a separar la paja del trigo. Intentar sacar rédito político de una desaparición suena a bajeza. Para entenderlo habría que mirar hacia el pasado y tan sólo recordad que Julio López sigue en la lista de los sin destino desde hace 11 años.
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