Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advierte sobre la ineficiencia de la Justicia para investigar hechos de profunda repercusión social.
El informe destaca que resulta contradictorio que la Justicia funcione tan mal, no solo para resolver casos complejos sino también los rutinarios, pese al acelerado crecimiento de sus presupuestos. Esto sugiere que no se trata de insuficiencia de recursos sino de falta de gestión, transparencia y responsabilidad.
Si la Justicia investigara y aplicara las penas con ecuanimidad y agilidad habría menos motivos para las polémicas y los posicionamientos extremos y violentos.
Para aproximar las condiciones en las que se trabaja la Justicia argentina resulta pertinente considerar la cantidad de recursos públicos que se le asigna a su funcionamiento. Así, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación se observa que en el año 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año.
En el año 2015 (último disponible) el consolidado de las erogaciones de la Justicia nacional y de las provincias llegó al 1,2% del PBI. Esto significa que, mientras que entre los años 2004 y el 2015 el PBI creció un 50%, el gasto en Justicia aumentó un 160%.
Ell gasto público en la Justicia creció al triple de lo que aumentó la producción. Es decir, el sector fue beneficiado con una redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor. Puede ser que haya más demanda, pero no alcanza para justificar semejante incremento de recursos. La enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta en la Justicia no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión.
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