Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), denunció que el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila no aceptaron recibirlo este lunes en Esquel para entregar los resultados de un "primer trabajo de geolocalización" del celular de Santiago Maldonado que aportaba "datos de antena y zona" donde fue activado el 2 de agosto pasado, es decir un día después de su desaparición.
El ingeniero electrónico y en comunicaciones, quien ayer viajó a Esquel para, en calidad de perito de las querellas representadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) encabezada por el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se quejó además, a través de su cuenta en la red social Twitter, que, incluso "tampoco" se lo dejó "aceptar el cargo de perito de parte".
Para Garbarz, en función de los resultados obtenidos se puede probar que "el celular se encendió el 2 de agosto" durante "22 segundos", al responder una llamada que realizó un amigo del joven, desde El Bolsón. Según explicó, le permitieron establecer "cuál es la antena que atendió ese llamado y hacia dónde prestaba servicio", por lo que para obtener una geolocalización muy precisa, con la tecnología del laboratorio de la UTN, sólo falta agregar información de Movistar, la prestadora de esa línea.
Además, en la entrevista con radio El Mundo, Garbarz indicó que "lo único seguro es que había un celular que Santiago Maldonado tenía encima en el momento que lo detienen" -una hipótesis que es investigada en la causa pero sobre la que aún no hay certeza- y sostuvo que "los otros dos celulares que se conocen en el expediente pueden ser celulares viejos, dado que no hay ninguna constancia de que hayan estado encendidos".
En este sentido, el especialista indicó que aspiraba a entregar ante la Justicia la precisión de "cuál es la antena que atendió ese llamado y hacia dónde prestaba servicio", lo cual -consideró- constituye "un paso muy importante para determinar dónde podría estar él y, lo más importante si es que él no fue el que encendió el celular, qué otros celulares estaban encendidos alrededor de ese punto geográfico".
"Para poder terminar ese trabajo y tener una localización precisa, utilizando la tecnología que tenemos en la UTN de geolocalización o triangulación fina, con errores de metros y no de kilómetros, estaría faltando información de Movistar, imprescindible para terminar el trabajo", sostuvo Garbarz en la entrevista.
En ese punto, buscó poner la atención en el hecho de que, "cuando se investiga cualquier delito, sobre todo en la vía pública y se tienen que saber los posibles sospechosos o testigos, una de las primeras medidas que se hace es solicitar la triangulación y geolocalización" de los teléfonos celulares, algo que no ocurrió en este expediente, según dijo.
No obstante, cuando explicó que el juez Guido Otranto rechazó días pasado su incorporación en el expediente como perito de oficio, Garbarz contó que fue el propio magistrado quien le sugirió presentarse como perito de parte, algo que finalmente hizo en nombre de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellantes en la causa.
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