El juez federal Luis Rodríguez evitó ordenar la detención del ex ministro Julio De Vido y de los demás imputados en la causa por anomalías en la reactivación de la mina de Río Turbio, pero les prohibió la salida del país y les impuso la obligación de presentarse todos los meses en tribunales mientras dure el proceso.
El miércoles pasado, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, había planteado que ya no solo alcanzaba con analizar el peligro de fuga y los riesgos de entorpecer la investigación a la hora de analizar las libertades de los imputados en casos de corrupción, teniendo en cuenta los vínculos que aún pueden tener. “Sin soslayar los lineamientos del Superior, corresponde advertir que existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo en consonancia con lo que indica el art. 280 del Código adjetivo, que salvaguardan de igual forma los fines procesales”, escribió Rodríguez.
Frente a ello, Rodríguez ordenó “la prohibición para salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.
Rodríguez dispuso que “deberán hacer entrega en esta sede a mi cargo -en caso de contar con dicho documento- del/los pasaporte/s personales que tuvieren en su poder, los cuales se custodiarán en la misma”.
“Como lógica derivación de ello, también habrá de encomendarse al señor Ministro del Interior se abstenga, de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte por parte de cualquiera de los involucrados”.
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