El juez federal Sebastián Casanello libró una orden de presentación al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo de Juan José Aranguren, en busca de documentación vinculada a los convenios en los que se habría favorecido a una asociación civil de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.
Se trata de una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer por delitos como malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del presunto desvío de fondos a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), que presumió “fantasma”.
El fiscal Franco Picardi impulsó la acción penal y solicitó diversas medidas, entre las cuales estaba el pedido de documentación al ministerio de Aranguren e informes a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA).
Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado busca la documentación vinculada a los convenios por ello dispuso además una orden de presentación con allanamiento en subsidio respecto de la facultad regional.
Además el juez ordenó el allanamiento de la asociación tecnológica investigada y requirió los movimientos bancarios de la misma.
La candidata a senadora nacional de 1País aludió a convenios firmados con ATEVEN, una entidad civil santafesina y sostuvo que se trataría de una “irregular intermediación” para el “manejo de fondos públicos” que a su juicio redundó en un sobreprecio en el pago de los mismos.
Según la presentación realizada por la legisladora, el total abonado a la regional Venado Tuerto a través de la ONG hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de $ 13.510.986, y de este monto ATEVEN se llevó el 10%, es decir, $ 1.351.098. “Lo importante para destacar es que los pagos no se realizarían a la Universidad Tecnológica Nacional ni tampoco esta última facturaría por los servicios prestados”, continuó la denuncia.
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