El juez federal Julián Ercolini procesó ayer a Martín Báez, el hijo mayor del detenido Lázaro Báez; a ex funcionarios de la Dirección de Vialidad y a empresarios, por el delito defraudación al Estado con la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Además el juez ordenó embargos por $2.500 millones sobre los bienes de cada uno en el marco de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, de Báez.
Se trata del segundo fallo en esta investigación donde la ex presidenta Cristina Fernández fue procesada como jefa de una asociación ilícita, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al propio Báez, entre otros.
Martín Báez ya tiene seis procesamientos: tres por la llamada “ruta del dinero K”, uno por el expediente “Los Sauces” y ahora por la obra pública, más otro en el fuero Penal Económico por falta de aportes a los empleados de sus empresas.
En un fallo de 666 páginas, el juez Ercolini procesó a Martín Báez, a Fernando Butti, ex contador y mano derecha de Lázaro, y a Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones y procesado en la causa de lavado de activos o “ruta del dinero K”. El procesamiento también alcanzó a los ex funcionarios de Vialidad Nacional Sergio Passacantando y Carlos Alonso.
Sobre ellos, el juez ordenó al Banco Central inmovilizar las cuentas bancarias de los procesados (a excepción de las cuentas sueldo) y fajar las cajas de seguridad si las tuvieran.
En tanto, el juez dictó falta de mérito para el resto de los indagados: Julio César Ortiz Andino, Sandro Férgola, Jorge Eduardo Bregorutti, Gustavo Gentili, Fernando Abrate, Manuel Francisco Keumurdji, Manuel Eduardo Schweizer, Emilio Luis D’Amato y Myriam Costilla.
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