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La lista de funcionarios judiciales cuestionados es tan larga como casi idéntico es el proceso que termina con la mayoría eyectados de sus despachos. Comienzan las denuncias -sobre todo a través de los medios- salta algún escándalo y, arranque de jury mediante, apuran la presentación de la renuncia para no perder lo que les queda: la “intachabilidad” de su trayectoria y, sobre todo, una jubilación nada despreciable. Claro que el acceso a esa salida “elegante” no es automático; depende del aval del gobierno provincial. En el caso de Fernando Cartasegna, fuentes oficiales anticiparon que es “probable que se le acepte la renuncia” como ya pasó con otros dos polémicos funcionarios que también tenían un jury en desarrollo: el ex juez César Melazo y el ex fiscal General de San Isidro, Julio Novo.
A fines del año pasado legisladores del bloque Cambiemos impulsaron en la Provincia un proyecto para que los jueces, fiscales o funcionarios judiciales que pretendan jubilarse en esas circunstancias reciban la mitad de la jubilación que les correspondería por ley. La autora del proyecto es la senadora Nilda Moirano (Cambiemos), que consideró que así se podría evitar que muchos de estos funcionarios recurran a la jubilación anticipada para tener “una vía de escape” sin tener que afrontar una posible destitución.
Pues bien, pasó casi un año y varios episodios similares, pero la iniciativa quedó en eso: un proyecto.
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