BARCELONA.- Alcaldes catalanes investigados por colaborar con el referendo independentista se acogieron ayer a su derecho a no responder ante la Justicia, por considerar que la fiscalía se está extralimitando en sus funciones. Los juzgados volvieron a ser protagonistas en la tensión institucional en España derivada de la intención del Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta secesionista el 1 de octubre, suspendida por el Tribunal Constitucional.
La decisión de 712 de los cerca de un millar de alcaldes con que cuenta Cataluña de ceder espacios municipales para albergar la consulta de octubre llevó a la fiscalía a citarlos por desobedecer la orden del Constitucional de no colaborar. El otro punto de atención estuvo en el Congreso español donde el voto en contra del socialismo impidió sacar adelante una propuesta de apoyo total al Gobierno del presidente Mariano Rajoy frente al desafío separatista.
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