De Vido cada vez más complicado: renunciaron sus tres abogados

Los abogados defensores del ex  ministro de Planificación Julio De Vido renunciaron hoy a ejercer  ese rol, a seis días de que el actual diputado nacional afronte como  acusado el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, en la que  murieron 51 personas.    

Fuentes judiciales dijeron que los letrados Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni renunciaron esta  mañana a defenderlo en las causas penales en las que el ex ministro  se encuentra procesado e imputado en los tribunales federales de Comodoro Py.    

La decisión fue consensuada con el ex ministro, tras lo cual  el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por la tragedia de Once, anunció que no suspenderá el inicio del debate oral previsto  el miércoles próximo y emplazó a De Vido a nombrar un nuevo defensor en las próximas 72 horas.   

"Los motivos son claros: nuestro cliente fue traído a esta  instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio  anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de  defenderse", explicaron los defensores.     

"Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de  defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece  inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las  conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a  atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de  cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible", agregaron.    

Asimismo, dijeron que "se advierte así que el derrotero de  esta causa en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema, está  marcado por la decisión inédita -por su carácter sistemático y  hasta grosero- de impedir en modo absoluto el ejercicio de la defensa,  incluso en decisiones sobre cuestiones prácticas, organizativas".    

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La renuncia se hizo extensiva a otras causas claves en las  cuales el ex ministro está procesado o imputado: asociación ilícita  por obra pública, Skanska, subsidio a transportes, la compra de gas  licuado y sobreprecios en Río Turbio, por la cuales en julio el  fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero y detención.    

"Por el presente venimos a renunciar a nuestros roles de  defensores y patrocinante, respectivamente, en esta causa. Lo hacemos  acompañando la decisión, adelantada ya por nuestro cliente, de sustituirnos en su representación, no sin hacer presente que por  diversos motivos esa decisión se conjuga con la nuestra, en el mismo  sentido", sostuvo el escrito.    

"Ha quedado en evidencia en el trámite de la presente causa, desde su inicio y a través de todas sus instancias, que esta  defensa no ha tenido la oportunidad de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que  enfrenta un juicio penal", dijo la defensa.    

En ese sentido, agregó que "las características del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el proceso penal y el derecho de  defensa en juicio, no están a la altura de la relevancia del suceso que se investiga, y aseguran que el desarrollo del proceso se  reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo sólo la condena de  Julio De Vido".   

Los abogados sostuvieron que su decisión se "funda en la conciencia de la imposibilidad del ejercicio pleno y regular de la defensa en juicio".    

En la causa por la tragedia de Once, advirtieron que "los  cargos allí formulados se le trasladaron en forma automática y encontraron en la etapa de instrucción una sistemática negativa a  examinar sus planteos, proveer las pruebas que requería y atender a sus  pedidos de revisión de las decisiones adoptadas".    

"Todo intento de ejercer su defensa material tuvo como respuesta sucesivos rechazos in limine dispuestos por el juez de grado y confirmados en instancias superiores, siempre en forma dogmática,  vacíos de toda motivación", aseguraron.    

Finalmente, enfatizaron que "todo intento de ejercer su defensa material tuvo como respuesta sucesivos rechazos in limine dispuestos por el juez de grado y confirmados en instancias superiores, siempre en forma dogmática, vacíos de toda motivación o con  motivación aparente".