El Gobierno libera los precios de los combustibles a partir de octubre 

Según trascendió en las últimas horas, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció “por extorsión” al líder de la UOCRA, Juan Pablo “el Pata” Medina luego de que desde el Ministerio de Transporte salieran a reconocer que el gremio le exigió a la empresa contratada por el Estado “mayores costos” para proseguir con los trabajos. Coninsa SA fue la compañía constructora que ganó la licitación para llevar adelante las obras en la estación Pereyra. 

La denuncia por extorsión contra el dirigente se inició luego de que la agrupación denominada “Vecinos Autoconvocados de Hudson” reclamara por los retrasos en las obras que se estaban llevando adelante en una estación que, según detallaron, estaban provocando serias complicaciones a quienes utilizan ese medio de transporte a diario.

Luego de la presentación realizada por los vecinos, desde el el Ministerio de Transporte de la Nación se indicó que para lograr los avances requeridos por la comunidad se había contratado a la empresa constructora Coninsa SA". 

Una vez que la constructora pudo iniciar su labor sobre el tendido ferroviario, tuvo lugar un violento episodio en uno de los obradores que, según la denuncia hecha por Coninsa, se trató de “un intercambio de disparos entre dos facciones gremiales” que demoró aún más las obras. 

Se trata del enfrentamiento a balazos que tuvo lugar tiempo atrás en la estación Pereyra entre integrantes de las seccionales Quilmes y La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Este violento hecho estuvo motivado por una pelea en la que se intentaba definir qué seccional iba a “tomar las obras”.   

En ese momento el Ministerio  había salido a reconocer que “las obras de la Estación Pereyra de la Línea Roca se encontraban paralizadas por un conflicto gremial”. Pero, tras algunas negociaciones, las seccionales lograron llegar a un “acuerdo” sobre quien iba a ejecutar las obras, un convenio que se dio por fuera y que no contó con el aval de la oficina Central de la Uocra. 

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Fue después de la finalización de este conflicto que el gremio comunicó a la empresa que se habían dado una serie de incrementos en los costos de la obra y que debían ser imputados como “gastos extraordinarios” para poder continuar con los trabajos.  Estas pretensiones del gremio fueron interpretadas por la Fiscal Cavallo como “sugestivas nuevas exigencias dinerarias sin proporción”.

En su denuncia precisa que “el Estado Nacional adjudicó oportunamente a la empresa Coninsa SA la construcción de los andenes, en base al pliego oportunamente tramitado” por lo que “ya no es posible efectuar una nueva licitación para su construcción no sin antes paralizar por varios meses nuevamente las obras, en desmedro del amplio abanico poblacional que utiliza el sistema ferroviario”.