La decisión de la justicia federal de Quilmes que ordenó la realización de operativos para impedir la descarga de materiales de construcción en un sector del Parque Pereyra Iraola e impedir así la construcción de un asentamiento poblacional, se compadece no sólo con el mandato legal que define a ese predio como paseo público y reserva forestal, sino que, asimismo, preserva la intangibilidad del último pulmón verde que subsiste entre los conglomerados urbanos de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.
Bien se conoce que, a poco de su expropiación ocurrida hace más de medio siglo, el espacio verde más importante de la Región -reserva natural provincial y reserva de biosfera de la Unesco- sufrió incontables intrusiones, algunas por concesiones del Estado provincial y otras carentes de toda legalidad, como el caso de los muchos intrusos que iniciaron explotaciones hortícolas, madereras o de otra naturaleza, sumándose en los últimos años las pérdidas territoriales registradas en cercanías de la rotonda de Alpargatas, donde se consolidó una enorme feria ilegal. A ello hay que sumar el desmedro que suponen las talas clandestinas y los vuelcos de basura, en un contexto de inexplicable ausencia de manejo por parte de la Provincia.
Ahora, tal como se informó, se intenta expandir un asentamiento poblacional en cercanías de la estación ferroviaria de Pereyra. La medida que acaba de ordenar la justicia federal de Quilmes, donde se tramitan varios expedientes vinculados con la electrificación del Roca y su traza, tiene que ver con una denuncia presentada por el apoderado de Trenes Argentinos Operaciones -la sociedad del estado que gestiona el corredor entre Plaza Constitución y La Plata- contra los ocupantes del predio fiscal de Pereyra, situado en el distrito de Berazategui, pero a 600 metros del límite con el territorio platense.
Según se indicó, entre otras medidas de prueba, el juez dictó una prohibición de innovar por el término de 60 días, en tanto se resuelva la cuestión de fondo del planteo, y ordenó que se adopten todas aquellas medidas que se estimen pertinentes, tendientes a impedir el ingreso de todo tipo de materiales para la construcción o refacción de viviendas, con expresa excepción de aquellos destinados a las obras de remodelación de la estación Pereyra.
Conocedores del lugar revelan que esas tierras se “lotearon” de manera informal y se vendieron a familias que llegan desde barrios precarios, en este caso de La Cañada (Bernal Oeste), entre otros. Estas prácticas ya son la norma en la mayoría de las tomas de tierras que se suceden en zonas periféricas a los grandes centros urbanos. Actualmente, la ocupación está contenida en un espacio rectangular de poco menos de una hectárea, rodeado por cercos.
En este caso, que concierne a la jurisdicción federal por encontrarse las parcelas ocupadas en tierras pertenecientes al ferrocarril, como en el resto de las diez mil hectáreas del Parque Pereyra Iraola, cuya responsabilidad le incumbe a la Provincia, no debe permitirse ninguna intrusión más. Por el contrario, lo que corresponde es que la Fiscalía de Estado bonaerense impulse las acciones para recuperar el pleno dominio sobre el Parque. Se habla de un bien que es común, que es patrimonio de la sociedad y que no puede verse sometido al arbitrio de ningún interés particular.
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