La peor cara de la corrupción detrás de las detenciones del llamado “Clan Medina”

La reciente detención de Juan Pablo Medina, titular de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción, y de gran parte de su núcleo familiar y colaboradores, bajo los cargos de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, entre otros, más allá de poner blanco sobre negro una situación que era vox populi en el ámbito local, representa un desafío y una oportunidad, no sólo para el Gobierno, sino también para la Justicia y el movimiento sindical.

Podría ser la oportunidad, por ejemplo, para demostrar en los hechos que la promesa de acabar con las mafias -como aseguraron ayer el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal- no es sólo una frase de compromiso.

Duermen, hasta ahora en la Justicia, casi una veintena de denuncias penales por maniobras ilegales cometidas durante la anterior gestión en la administración del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA). No serían ajenos a esa investigación personajes larga e íntimamente relacionados con algunos gremios bonaerenses. Poco interés ha demostrado el gobierno bonaerense, al menos hasta el momento, de imprimirle celeridad a esas investigaciones y por el mismo camino transita la Justicia, como en otros casos muy conocidos.

Incontables resultan las oportunidades en las que, desde estas mismas páginas, se alertó y denunció la trama oculta de los procederes que, desde el gremio de la construcción se imponían para las obras locales.

En un reiterado escenario de aprietes y amenazas (muchas veces con armas de fuego) supuestos “delegados” de la Uocra se presentaban en las obras en construcción para exigir el cumplimiento de obligaciones de dudosa legalidad, bajo la amenaza de tomar la obra o, directamente, pararla. Sobran los ejemplos, se insiste, publicados en estas páginas, que avalan lo antedicho, como lo avalan las denuncias efectuadas por entidades comerciales y las pequeñas y medianas empresas constructoras.

Sobreprecios, pagos extras, digitación de obreros a contratar, el casi monopólico manejo de la entrega de viandas de comida, entre otras irregularidades, quedan apenas representadas en algunas de la escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia al llamado “Clan Medina”, y que ahora forman parte de las causas en las que se los investiga.

La merma de más de 50 % en la venta de materiales de construcción en la Región, así como la retracción en las inversiones, mientras todos los índices del rubro mostraban signos de repunte en todo el país, no hacen más que confirmar, a su vez, las consecuencias de una habitual política de amedrentamiento de las que fueron víctimas todos aquellos que se resistieran a acatar las imposiciones que emanaban de la sede de 5 y 44.

Debería, tal vez, la Justicia volver un poco la vista atrás y tratar de encontrar respuestas a los interrogantes que muchos ciudadanos se plantean. ¿Por qué la causa que terminó con la detención de Medina, se inició en un juzgado federal de Quilmes, y no en uno de la ciudad de La Plata? ¿No ofrecía la Justicia provincial las garantías necesarias para investigarlo? Preguntas, sólo preguntas con respuestas, hasta ahora, pendientes, como el interrogante de las razones por las cuales actuó impunemente durante tantos años.

Pero corresponde aclarar que la Uocra seccional La Plata no era la única envuelta en la corrupción y que esta enfermedad social no es exclusiva de las organizaciones que dicen representar a los obreros y empleados.