Avanza un proyecto para prohibir el uso de pirotecnia en la Provincia

El uso de pirotecnia y cohetería con efectos sonoros quedará prohibido en toda la provincia de Buenos Aires, si la Legislatura sanciona un proyecto de ley que esta semana fue aprobado en el Senado.

La iniciativa se apoya en los efectos contaminantes al medio ambiente, los riesgos a la propiedad, a la salud y a la vida humana y en el impacto en las mascotas, los animales domésticos y silvestres que implican los petardos y cohetes.

La norma firmada por el senador peronista Norberto García fue aprobada en la Cámara alta y girada a la Cámara de Diputados, que ahora debe darle sanción definitiva.

Básicamente, busca prohibir en todo el territorio bonaerense la “tenencia, fabricación, comercialización, depósito, circulación y venta al público, mayorista o minorista, así como la manipulación y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería de tipo explosiva con efecto audible o sonoro cualquiera fuera su característica y naturaleza, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada”.

El proyecto establece que quedan prohibidos “todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, audibles o mecánicos, mediante mecanismos de combustión o explosión, que incluyen los denominados cohetes, petardos, rompe portones, bombas de estruendo, fuegos de artificios sonoros, y cualquier otro elemento similar de carácter pirotécnico que produzca combustión y/o explosión exclusivamente para producir sonido y/o explosión”.

Pero el proyecto excluye los artificios pirotécnicos lumínicos exclusivos, como cañas voladoras, estrellas y juegos de luces sin sonido. Tampoco contempla a todos aquellos dispositivos utilizados para señales de auxilio y emergencias náuticas, como así también los artículos pirotécnicos de uso por parte de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Defensa Civil.

En Buenos Aires hubo varias iniciativas presentadas para establecer la “pirotecnia cero”, aunque ninguno había logrado avanzar en el ámbito de la Legislatura.

En otras provincias y jurisdicciones, como Mendoza, ya rigen normativas similares.