El Gobierno español advirtió ayer al Ejecutivo de Cataluña y a sus “socios” secesionistas que tendrán que responder ante la Justicia por el refererendo declarado ilegal que han convocado para el 1º de octubre, cuyos preparativos fueron dados a conocer por la administración catalana.
A horas de la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar mañana, a pesar del amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo. El Ejecutivo catalán presentó a los medios de comunicación un modelo de urna diferente al que se ha usado en otros procesos electorales y que consiste en un recipiente de plástico blanco.
“La presentación de unos contenedores como urnas cobrando diez euros no está mal como imaginación”, ironizó el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la presentación a la prensa de los preparativos del referendo .
Además responsabilizó al Ejecutivo catalán y a la formación independentista CUP de “deslealtad institucional” y “desobediencia constitucional” y aseguró que tendrán que responder por ello ante los tribunales.
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