La recuperación del crédito y el resultado de la recaudación tributaria de agosto son los últimos datos que confirman el rebote de la economía y del consumo, que de esta manera permitirán que el año cierre con un crecimiento del PBI del orden del 3%.
Un alivio político para el gobierno de Mauricio Macri y un respiro luego de largos meses de espera y de fuertes reclamos, incluso de sectores empresarios.
El bloqueo a las exportaciones argentinas de biocombustibles por parte de la administración Trump, dejó mal parados a varios funcionarios macristas
La distensión abre otro escenario, aunque no exento de reproches y dudas hacia delante.
El bloqueo a las exportaciones argentinas de biocombustibles por parte de la administración Trump, dejó al descubierto desinteligencias internas y mal parados a varios funcionarios macristas que, habrían desechado las señales de alerta que llegaron desde Washington.
En la picota quedaron los ministros Cabrera, Buryaile, Braun y Faurie.
La enorme crisis política de Venezuela y la amenaza de Trump de intervención militar en ese país habría sido el motivo de la represalia norteamericana.
Macri recibió a fines de agosto al segundo de Trump, Michael Pence en donde el tema central fue la crisis venezolana.
La sanción al biocombustible empañó la reunión por el Día de la Industria, aunque bastante menos de lo imaginado.
En los últimos meses el rebote también llegó a los industriales.
El clima reinante, de cualquier manera, gira en el mundo empresario alrededor de una aprobación general al rumbo económico, pero con el agregado de que si no se ensayan correcciones urgentes luego de las elecciones de octubre, la recuperación no será sostenible en el tiempo.
URGENCIAS
Las “urgencias” son básicamente dos: una baja del gasto y una reducción de los impuestos.
El ministro Dujovne promete una rápida respuesta oficial en los dos frentes, aunque puertas adentro del Gobierno subsisten fuertes debates.
El tenor de la reforma tributaria que alumbraría en Casa de Gobierno, además, no tendría tanto respaldo empresario como imaginan algunos.
Los borradores que circulan aseguran que la baja de impuesto sería progresiva y llevaría al menos 5 años.
Pondría el horizonte efectivo de reducciones completas hacia los años 2022/2023.
Tampoco está claro que ocurrirá con los impuestos provinciales, que no dependen de la Nación, pero son una de las cargas mayores a la competitividad.
Los cortocircuitos, sin embargo, no sólo estarían en estas definiciones, sino en otros dos puntos: la eliminación de todas las exenciones al IVA y la creación del impuesto a la renta financiera, que alcanzaría a toda esa actividad.
En los últimos meses el rebote también llegó a los industriales.
Las exenciones al IVA facilitan la creación de bolsones de evasión y desde la técnica tributaria siempre fue objetado.
Pero en términos políticos es más difícil de digerir.
Los alimentos o los monotributistas están fuera del sistema y ahora debieran tributarlo.
La otra medida fuerte también es política, aunque en sentido inverso a la generalización del IVA.
Si el oficialismo no propusiera el impuesto a la renta financiera, la iniciativa surgiría de la oposición y sería muy difícil de rechazar.
La otra cara de la moneda es que ese tributo, que siempre se terminó por descartar, gravaría la intermediación bancaria y quizás algunos instrumentos monetarios como las Lebacs.
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