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Condenan a ex comisario platense por enriquecimiento ilícito

6 de Septiembre de 2017 | 03:56
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El Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata condenó ayer a 2 años y 6 meses de prisión (en suspenso) e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos al ex comisario de la Policía bonaerense Daniel Omar Carreiras (59), al considerarlo autor responsable de los delitos de “enriquecimiento ilícito de funcionario público y falsedad maliciosa de datos en las declaraciones juradas”.

En el fallo del juicio oral, con voto del juez Emir Caputo Tártara, se dio por probado que el sospechoso, que en 1978 “asumió la condición de funcionario y alcanzó la jerarquía de comisario en 1998, incrementó en forma apreciable su patrimonio, al menos en la suma de $ 217.000, en el lapso comprendido entre septiembre de 1981 y julio de 2003, sin haberlo podido justificar al ser debidamente requerido el 15 de agosto del 2003, por la autoridad administrativa con competencia para ello”.

“Asimismo se encuentra legalmente acreditado que los días 10 de mayo de 2000 y 26 de abril de 2001, el mismo funcionario policial, ya con jerarquía de comisario, encontrándose obligado legalmente a presentar declaración jurada patrimonial, falseó maliciosamente datos que las referidas declaraciones juradas deben contener, al mencionar en el acápite quinto, integrando su activo patrimonial la adquisición de un denominado `terreno´ o `predio´ en la localidad de Poblet, cuando en realidad lo adquirido se trataba de una fracción de campo de aproximadamente diez hectáreas; y el 29 de julio de 2003, omitió maliciosamente insertar los datos que las mencionadas declaraciones juradas deben contener conforme la prescripción legal, al no enlistar la adquisición de una camioneta Toyota Hilux 4x4, cabina doble, SR5/, modelo 2.000, con inscripción inicial el 26 de junio de 2000”, se señaló en a sentencia que contó con la adhesión de los otros dos jueces del Tribunal, Juan Carlos Bruni y Germán Alegre.

Como agravante para fijar la pena impuesta se valoró “el rol de funcionario público del imputado, en atención a la directa y estrecha relación que como tal, tiene la policía (todos sus miembros) como órgano tutelar de los intereses sociales”.

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