No pueden menos que preocupar hondamente los resultados de las nuevas estadísticas dadas a conocer sobre el tema de la trata de personas en nuestro país, reveladoras de que 2011 suman más de 10.600 las víctimas rescatadas por el Estado argentino de las redes de explotación. Desde luego que tal referencia obliga a las autoridades y a la sociedad a replantear estrategias destinadas a combatir un problema social tan grave. Como se sabe, jornadas atrás funcionarios argentinos y brasileños participaron del primer encuentro binacional sobre el tema de la trata, precisándose allí el número de víctimas que, afortunadamente, pudieron ser rescatadas del virtual estado de esclavitud en el que se hallaban.
El titular del Centro de Referencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación sostuvo que el número surgido de los sondeos realizados obliga a intensificar las tareas de prevención. Indicó que esa cifra muestra que la mayor incidencia del problema se registra en zonas de frontera y, especialmente, en las provincias de Corrientes y Misiones, desde donde se envían muchas víctimas al sur de la Argentina o bien a la zona metropolitana y grandes ciudades de la Provincia.
El año pasado los especialistas aludieron a los esfuerzos que, evidentemente, se han realizado en los últimos años para enfrentar el flagelo de la trata de personas. Se aludió a que, desde que se sancionó la ley de trata en 2008, cambió la forma en la que se asiste a las mujeres forzadas a hacer trabajos sexuales, a la vez que hoy no se considera a las mujeres victimarias ni autoras de un delito cuando son explotadas.
En otro orden, la crisis de la familia, la pobreza extrema y la falta de acción de los organismos públicos responsables han terminado por originar una “liberalización” que, entre otras cosas, se manifestó en la presencia en las calles cada vez más acentuada de mujeres muy jóvenes y aún adolescentes en el ejercicio de la prostitución. Y simultáneamente proliferaron los prostíbulos que, por su carácter de “legalmente clandestinos”, no estaban sujetos a un mínimo control ni siquiera en relación a la posible presencia de menores. Según especialistas, la provincia de Buenos Aires es un área crítica en lo que hace a la trata de mujeres, considerándosela lugar de origen, tránsito y destino de las afectadas. Presuntos castings de modelos, promocionados a través de afiches en las calles, integran los distintos modos de captación de mujeres, calificándose como puntos candentes de destino a la costa atlántica y a las rutas del petróleo, de la soja y de la droga, que son aquellos lugares que concentran el mayor consumo de prostitución.
Es bien sabido que las mujeres son las que más sufren este problema, pues en muchos casos se les promete un trabajo lícito y luego son obligadas a ejercer la prostitución. En el caso de los menores de edad, se entiende que se comete el delito aun cuando existiera el consentimiento de la víctima.
En los últimos años esta modalidad se ha visto notablemente agravada, a raíz del auge del denominado turismo sexual que tiene a los menores como objetos de este ignominioso tráfico. Combatir a este flagelo exige los máximos esfuerzos. Pero acaso el principal de ellos pase por la toma de conciencia interior, en cada una de las personas, y a partir de allí enhebrar desde el Estado políticas que no sólo repriman el delito sino que asistan a las víctimas y les devuelvan dignidad y condiciones de libertad que les permitan elegir una mejor calidad para sus vidas.
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