La batalla que libran en varios frentes los vecinos de la estación Pereyra, para lograr que se retomen allí los trabajos vinculados con la electrificación ferroviaria, sumaron ayer nuevos capítulos. Por un lado, los autoconvocados protagonizaron una nueva protesta en los andenes de la histórica parada situada entre Villa Elisa y Guillermo Hudson; por otro, funcionarios y legisladores se reunieron en la Defensoría del Pueblo bonaerense con representantes de la escuela María Teresa, aledaña con el apeadero cuyas obras están paralizadas, para analizar los pasos a seguir.
La “mateada” que tuvo lugar en la estación apuntó a exigir la continuidad de obras que, apenas arrancaron, quedaron en “stand-by” por lo que las autoridades de Transporte describieron como “un conflicto gremial”.
La semana pasada, dirigentes del gremio de la construcción aseguraron que esas diferencias estaban saldadas, y que se pondrían manos a la obra -algo que aún no ocurrió- apenas lo decidiera Transporte.
En el ínterin, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, instó a las autoridades ferroviarias a reiniciar las obras, y además dispuso la apertura de un expediente para investigar la presunta ocupación ilegal de tierras fiscales en ese predio.
En un fallo conocido hace dos meses, el magistrado dictó un “mandato exhortativo” para que se adoptaran “todas las medidas necesarias para garantizar el reinicio y cumplimiento de las obras licitadas” en Pereyra.
Sin embargo, nada ocurrió, y tanto los autoconvocados como la comunidad educativa de la casi centenaria escuela María Teresa, que tiene cerca de mil alumnos, creen que cada día que pasa la situación empeora, por lo que siguen movilizados.
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