Hoy al mediodía, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), denunció a Hugo Moyano por evasión y lavado de dinero por una suma que asciende a los cuatro mil millones de pesos.
Además del líder sindical, también fueron denunciados Pablo Moyano, su hijo, el sindicato de Camioneros y un conjunto de empresas y grupos económicos que aparecen vinculados a quien también oficia como presidente de Independiente.
En la complicada trama de evasión impositiva se habla de un entramado complejo a través de una red de empresas, cuentas y depósitos que comenzaron en 2008, que también incluye compra de inmuebles.
Quien toma las riendas del caso es el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 que comanda Rafael Caputo y la Fiscalía Nº 8 de Alicia Sustaita, donde la denunca recayó por sorteo. La presentación que realizó la PROCELAC tiene fundamento en un informe de inteligencia que promulgó la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici.
La empresa postal OCA es la principal involucrada en el caso aunque la acusación incluye a otras empresas: el Grupo Rhuo, que controla OCA, el Grupo Damasco, la propia Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, la asociación mutual del sindicato, al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros y a Patricio Nicolás Farcuh, empresario y propietario de OCA.
Las cifras, sin bien fuentes relacionadas a la denuncia dijeron que "no es tan evidente, no es como Balcedo", podrían ascender hasta los cuatro mil millones de pesos, unos 200 millones de dólares.
La PROCELAC pidió un enorme relevamiento de datos para continuar con la investigación, lo que incluye una amplia lista de documentación a la AFIP, pedido de información sobre las personas y firmas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, como también al Registro de Propiedad Inmueble porteño y bonaerense.
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