Necesidad de detener el desborde de los actos vandálicos

La crónica periodística viene reflejando en los últimos años el accionar del vandalismo en la Ciudad, que no cesa de originar daños en los frentes privados y en el patrimonio público a través de pinturas, grafitis y pegatinas de afiches, en situaciones que dejan a la vista un panorama extremadamente negativo que reclama, tanto de las autoridades como de la propia sociedad, una reacción acorde a la gravedad del problema.

Tal como lo reflejó un artículo reciente publicado en este diario, un amplio tramo del mobiliario público de la avenida 13, especialmente las columnas de alumbrado y de otros servicios, aparecieron con pintadas con los colores de un club de fútbol, en un episodio en el que los autores quedaron filmados y fueron denunciados.

Sobre esta cuestión, la Comuna informó que los daños causados al patrimonio público por este tipo de actos equivalen, en su costo, al de más de 800 cámaras de seguridad por año, que podrían ser destinadas al monitoreo en la vía pública. Cabe recordar que en 2012 la Municipalidad platense ya había hecho público un informe indicativo de que los acto de vandalismo originaba daños por más de 2 millones de pesos anuales. Claro que en el caso de las viviendas particulares, son los propietarios quienes deben afrontar los costos de limpieza.

Asimismo, desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental se remarcó que estos no son los únicos hechos que perjudican o afectan al patrimonio, ya que se identifican roturas de luminarias, de los tableros y dispositivos eléctricos, robos de plantas, pintadas y grafitis tanto en domicilios como en monumentos, y ataques a las fuentes y los juegos de las plazas. Se indicó, además, que las pintadas de hinchas de clubes de fútbol son un fenómeno sin pausa en la Ciudad.

Los funcionarios consignaron que se avanza con la elaboración de un “Código de Convivencia”, que tiene como objetivo mejorar las condiciones para compartir el espacio público, hacer una revisión conjunta de las pautas de convivencia y profundizar las mejoras en los mecanismos de control, buscándose reforzar la presencia del Estado en la calle, con una mayor regulación del uso del espacio público y con la posibilidad de aplicar sanciones más rigurosas a quienes no cumplan las normas.

La importancia que adquiere esta suerte de inventario de daños reside menos en la mensura de las pérdidas presupuestarias que en evidenciar la verdadera anarquía que, sea con aerosoles o con los robos y destrozos, se hace cargo de castigar a bienes públicos y privados, deteriorando en forma severa la calidad de vida de la población.

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Al margen de la prevención y del accionar policial que debiera desplegarse para tutelar a estos bienes, surge también con claridad que debieran profundizarse las campañas educativas tendientes a frenar estos desbordes. En el caso de los paseos y lugares públicos, resulta evidente que debe redoblarse la custodia de esos lugares y no sólo prohibir la alternativa de afectar a ese patrimonio común, sino, en su caso, sancionar con el máximo rigor legal previsto a los transgresores.

Cuando se atenta contra el mobiliario, las plazas y paseos públicos no se causa sólo un daño al erario ni se agravia solamente a criterios estéticos, sino que se afecta a la funcionalidad de un espacio de índole común, que por ningún motivo puede verse disminuido o retaceado sistemáticamente a la población.