La impunidad republicana y la repetición de los crímenes

Por Agustín Zbar
residente de la AMIA

Hace tres años la Argentina amanecía conmovida por un crimen que impactó de lleno en la escena local e internacional. Alberto Nisman, el fiscal federal que durante diez años tuvo a su exclusivo cargo la investigación por el atentado terrorista contra la AMIA, era hallado sin vida en su departamento. Pocos días antes había hecho pública una denuncia que conmovió la agenda política y judicial: en 289 páginas describió la existencia de “un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa AMIA, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina”.

La presentación que Nisman efectuó, originariamente ante el juez Ariel Lijo, también sostenía: “Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A fines de 2017 el juez federal Claudio Bonadio, dispuso una serie de medidas, oportunamente conocidas, que incluyeron pedidos de desafuero de la senadora Cristina Kirchner, procesamientos y detenciones inmediatas, las cuales nos llenaron de asombro y alarma.

Desde hace casi 24 años nos enfrentamos a noticias en cuyos titulares la causa AMIA aparece rodeada de fuertes denuncias, planteamientos a veces insólitos, y en otros casos plausibles, intentos de encubrimiento, y maniobras de desviación. Novedades, casi siempre, que sólo pudieron tomar cuerpo, al menos por algún lapso, ante la ostensible falta de una Justicia efectiva sobre “la causa principal”: la bomba que explotó en Pasteur 633, el 18 de julio de 1994, asesinando 85 ciudadanos, e hiriendo a más de 300. Esta ha sido, sin dudas, la más terrible de las omisiones, la mancha de impunidad que marca nuestra vida democrática como una impunidad republicana.

Si los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, del 17 de marzo de 1992, y contra la AMIA, no hubieran conocido tan de cerca el cabal significado de la impunidad, no tendríamos hoy que conmemorar un aniversario más de la muerte del fiscal. Un muerto más en el hueco de la impunidad republicana.

Tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia, la muerte de Nisman está indisolublemente ligada a su tarea en la causa AMIA. Es una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA, a quienes valientemente enfrentó. Y a su vez, la impunidad de los culpables de la AMIA tiene relación directa con el crimen cometido contra la Embajada de Israel, volada con un modus operandi idéntico hace ya casi 26 años.

La impunidad llama a la repetición de los crímenes. Cada crimen impune que se produce en la Argentina es un daño letal a la Justicia, una herida profunda a la vida republicana que anhelamos. Una contradicción insoportable, un oxímoron: impunidad republicana. Resulta imposible construir una República sin un Poder Judicial que logre enfocar su atención, poner luz sobre los crímenes que se cometen y castigar a los responsables. La impunidad de cada caso es un peso insoportable para toda la sociedad, y la impunidad sistemática una grave mella para la democracia constitucional. En la masacre de la AMIA sabemos la verdad; está en la investigación de los fiscales que, honrando su trabajo, se jugaron todo por esta causa, contra muchas adversidades, con errores y aciertos, arriesgando sus carreras y su libertad personal (Mullen, Barbachia) y hasta entregando la vida: Alberto Nisman. No es poco, pero es insuficiente.

Es de esperar que el avance de la investigación por la muerte del fiscal abran otras vías, que lleven a esclarecer y castigar a los responsables de su muerte, y del crimen de lesa humanidad de la AMIA. Hoy, a tres años de su desaparición, los argentinos honramos su memoria, su función en la magistratura y su compromiso. Y renovamos el clamor para que la verdad salga a la luz, se castigue a los responsables de su asesinato, y comencemos a poner fin a la impunidad republicana.