Después de 3 años de trabajo para generar una ley que actualice la norma vigente, las organizaciones esperaban con entusiasmo verla sancionada antes de que termine 2017. Sin embargo no pudo ser. Tras el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso, el proyecto, considerado de vanguardia por sus autores, perdió estado parlamentario.
Tanto especialistas como referentes de organizaciones que se ocupan del tema consideraron que era vital para incluir en el marco legal a otras infecciones de transmisión sexual y a las hepatitis virales. Declaraba la provisión de medicamentos de interés nacional para evitar faltante de insumos e impulsar su producción pública. También, ordenaba proponer el test de diagnóstico en toda consulta clínica y promovía un enfoque de derechos humanos.
El proyecto había sido trabajado colectivamente desde hacía tres años por organizaciones de la sociedad civil junto a instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como el ministerio de Salud de la Nación, la OPS y ONUSIDA.
Si bien contó con dictamen favorable de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2017, el proyecto quedó frenado a fin de año. A pesar de los petitorios y las manifestaciones a favor de la sanción antes de que cierren las sesiones, ni la Comisión de Legislación General ni la de Presupuesto y Hacienda lo pusieron en discusión.
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