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El próximo comienzo en la Región de los festejos del Carnaval -que incluirán, como es habitual, la presentación de comparsas con murgas, desfiles de carrozas y otros espectáculos- obliga a las autoridades de los tres municipios a velar por un normal desarrollo de esas celebraciones. La experiencia enseña que, de no contarse con fiscalizaciones y reglamentaciones precisas, pueden producirse desbordes impropios, ajenos a las aspiraciones populares de disfrutar sanamente de esa fiesta.
En este sentido se encuadra la decisión de la Municipalidad local de habilitar a partir del lunes un registro para que cada zona de la Ciudad que así lo desee organice un festejo enmarcado en las pautas establecidas. Ese registro, se informó, es obligatorio y primeramente exige a los vecindarios detallar las fechas, el lugar, la hora y la presentación de otros requisitos, como el aval de diez vecinos o de una entidad de la zona interesada en realizar su corso.
Se detalló, asimismo, que la Comuna se encargará de evaluar la ubicación solicitada para los festejos ya que no se podrán realizar celebraciones en las arterias principales de las distintas localidades. Asimismo, las autoridades aclararon que el aclararon que el organizador de cada carnaval barrial tendrá a su cargo la realización del festejo y, por consiguiente, será responsable de cualquier incidente o daños en perjuicios de terceros o de cualquier propiedad.
A grandes rasgos, debiera señalarse que los antecedentes acumulados obligan a las autoridades a actuar con mucho celo y sentido preventivo, ya que nadie ignora los incidentes, interrogantes y sospechas que empañaron en muchas ocasiones la organización de los corsos.
Desde luego que los carnavales fueron una de las más tradicionales fiestas populares, aunque luego decayeron, acaso por una carga creciente de agresividad que convirtió a los corsos en escenarios propicios para incidentes. Se llegó, por último, a una instancia de verdadera decadencia y abandono, a manos de las nuevas generaciones que no incorporaron el espíritu de los carnavales a su cultura.
También fue inocultable que, detrás del colorido de los corsos, se desarrollaron negocios redituables, pero abusivos. Se empezó a cobrar entradas a la gente, se instalaron kioscos de venta con costos mínimos y con precios de venta altos. Se permitió, muchas veces, el cercado de calles selectivas -esto es, concentradoras de mucho tránsito- para la realización de estas fiestas.
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A su vez, la muy extensa duración de esas movidas, con música a todo volumen y el consiguiente suplicio de los ruidos molestos para los pobladores, fue uno de los problemas centrales, al que se añadieron daños colaterales como la suciedad que estas fiestas dejaban acumulada en calles, veredas y aún jardines particulares, entre otros trastornos e incidentes.
Pero también es cierto que los corsos pueden funcionar como alternativa para una ausencia notoria de fiestas populares en la Región, y por las cuales, evidentemente, un sector de la población tiene vocación. De allí la necesidad de que los tres municipios revisen sus políticas sobre estas expresiones, de manera de poder conjugar la vocación de una parte de la población por estas fiestas populares con los legítimos derechos de los vecinos afectados, y sin ceder exclusivamente a los intereses de algunos organizadores de estos espectáculos.
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