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Lo decidió tras escuchar los planteos de la oposición al plan de 24 cuotas que los usuarios comenzarían a pagar a partir de enero de 2019. También incidió el descontento de la UCR por no haber sido consultados sobre la medida
Atentos a los rápidos movimientos que la oposición realizó principalmente en el Congreso, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con el cobro extra a los usuarios para compensar a las empresas distribuidoras de gas por las consecuencias de la devaluación.
Si bien el anuncio oficial se realizará en las próximas horas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya se lo adelantó a los jefes de bloque del Senado con los que se reunió hoy, entre ellos el de Cambiemos, Luis Naidenoff, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
Incluso al término de ese encuentro, el propio Frigerio dijo que el Gobierno "trabaja" en la propuesta de la UCR para que la suba retroactiva del precio del gas sea afrontada por el Estado. En ese sentido, el ministro agregó que el Gobierno "siempre" estuvo abierto a "escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente".
Según trascendió, la idea es que las empresas absorban una parte del costo y el resto sería afrontado por el Estado, en cuotas hasta 2021, lo que le permitiría al Gobierno respetar el acuerdo de déficit cero con el FMI para el año que viene.
De esta manera, el Poder Ejecutivo reaccionó ante los movimientos que la oposición dio para frenar la polémica resolución firmada la semana pasada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que establecía el pago en 24 cuotas, por parte de los usuarios, de una compensación a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación. Según estimaciones del propio Iguacel, las cuotas iban a ser durante dos años de entre $90 y $100, redondeando de esa forma un monto total que algunos calculan en 10 mil millones de pesos.
También tuvo que ver el descontento en la UCR, integrante de Cambiemos, que la medida se hubiera tomado sin consultarlos, algo de lo que también tomaron nota en el Gobierno, ya que esta situación surgida a partir de la resolución de Iguacel podría trabar el debate del proyecto de Presupuesto en el Congreso.
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