Adelantos en la investigación de las amenazas de bomba

La decisión de la Justicia platense de acelerar la investigación de las amenazas de bomba a escuelas de la Región, disponiéndose una verdadera maratón de allanamientos en busca de detener a los sospechosos –muchos de los cuales ya es encuentran identificados- permite abrigar mayores expectativas referidas a un esclarecimiento definitivo de estos casos, que originan justificadas alarmas y alteran de manera profunda el quehacer educativo

Tal como se informó, los procedimientos en curso se incrementarán con el correr de los próximos días, a partir –entre otras circunstancias- de que las investigaciones abiertas por las intimidaciones telefónicas incorporaron nuevas tecnologías, que permitieron identificar a más de cincuenta involucrados.

Según se reveló, se sumaron a las pesquisas equipos especializados de la DDI local y expertos de la dirección de Asistencia Judicial del Poder Judicial de la Nación, disponiéndose de un moderno sistema de rastreo y entrecruzamiento de datos que permitió acelerar la identificación de los autores de las llamadas.

Lo cierto es que, pese a todo, las amenazas telefónicas siguen a la orden del día, aunque no en la cantidad que se registraban semanas atrás. A su vez, Berisso sigue siendo uno de los distritos más afectados. Y sobre esa localidad la Justicia pondría ahora la lupa. Berisso ha sido uno de los puntos más críticos, en el que, desde hace ya meses, muchas escuelas registraron amenazas y debieron adoptar el protocolo dispuesto para estas emergencias, que incluye la evacuación de los establecimientos.

A grandes rasgos debe insistirse en que las autoridades educativas y policiales, así como las comunidades educativas, no deben ceder un ápice en la lucha contra este inexplicable flagelo, seguramente instigado por personas a quienes lo que menos les interesa es la capacitación y formación de los alumnos.

Cabe recordar una vez más que las amenazas de bomba activan automáticamente las alarmas en bomberos y hospitales, donde deben disponerse de inmediato medidas para eventuales emergencias. Los autores de estos llamados anónimos debieran cobrar conciencia de los trastornos que causan y los temores que desencadenan, hasta que finalmente, en cada uno de los casos, se comprueba que tales anuncios fueron falsos.

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Está claro que, además de las imprescindibles acciones –bien sea en las áreas educativa, judicial y policial– y de las eventuales sanciones que les correspondan a los autores de estas amenazas, debe existir una fuerte conciencia social de rechazo a una modalidad tan lamentable y antidemocrática.

Es de esperar que, con los adelantos tecnológicos incorporados a la investigación, la Justicia pueda esclarecer en forma completa estas intimidaciones y así poner fin a la incomprensible e injustificable escalada de amenazas que sacuden el ámbito escolar.