El gobierno nacional calificó ayer como “un paso importante y positivo” la decisión de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de aceptar el “reemplazo gradual” de los aportes del Estado por otras alternativas.
Pero aclaró que “no hay plazos ni términos de inicio. Por eso están garantizados los mismos fondos para el año que viene e incluso para el otro. No hay ningún apuro para la implementación por más que algunos quieran ver un conflicto en esto”, según explicó ayer Alfredo Abriani, secretario de Culto.
Además, se destacó que las conversaciones con la Iglesia sobre este tema se dan en el marco de una “relación totalmente amistosa”.
La decisión de la Iglesia implica la renuncia a unos 130 millones de pesos que recibe cada año, en concepto de asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera, lo que representa el 7 por ciento del total de los recursos que maneja el Episcopado.
Las conversaciones comenzaron en agosto con un primer encuentro, solicitado por la Iglesia, con el Poder Ejecutivo.
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